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Desarticulada una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres nigerianas en las calles de Gandía y Bilbao

Las víctimas debían ejercer la prostitución para la organización hasta saldar la supuesta deuda contraída con la misma, unos 50.000 euros

22/02/2017 -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización, integrada por ciudadanos de origen nigeriano, y dedicada a la captación de mujeres de su misma nacionalidad a las que, una vez llegaban a España, obligaban a ejercer la prostitución callejera en Gandía (Valencia) y Bilbao hasta saldar una supuesta deuda de unos 50.000 euros. Periódicamente las mujeres debían ingresar el dinero obtenido por su trabajo en diferentes cuentas bancarias a nombre de terceras personas, comenzando así el proceso de blanqueo de los beneficios obtenidos con la actividad delictiva. La operación se ha saldado con la detención de cinco miembros de dicha organización (cuatro en Madrid y uno más en Bilbao) y la completa desarticulación de la misma en España, tanto en su vertiente de explotación de las mujeres, como en la de blanqueo de los beneficios así obtenidos.

La investigación comenzó cuando agentes especializados en el delito de trata de seres humanos localizaron a una víctima de origen nigeriano ejerciendo la prostitución en las calles de Gandía. Esta mujer, tras acogerse a las medidas de protección ofrecidas por los agentes, relató cómo había sido captada en su país de origen y traída a España, donde estaba siendo obligada a ejercer la prostitución bajo un clima de continuas amenazas, coacciones y palizas.

La investigación llevó a la Policía hasta otras dos mujeres más que se encontraban en la misma situación y que igualmente se acogieron a las medidas de protección previstas por la ley para estos casos, que relataron a los agentes situaciones idénticas a la anterior. Así los investigadores pudieron llegar hasta la organización ahora desarticulada.

 

Situación de necesidad y esclavas de por vida

La organización captaba a mujeres jóvenes sumidas en situaciones de extrema pobreza con falsas ofertas de trabajo en la hostelería, en peluquerías, etc. y asegurándolas una vida mejor en Europa. Una vez aceptaban dichas ofertas, y previamente a su viaje, eran sometidas a rituales de vudú sentando así las bases del ejercicio de control sobre las víctimas por parte de la organización durante todo el tiempo que va a durar la explotación. Por medio de dichas ceremonias, consiguen doblegar la voluntad de las víctimas y se garantizan su fidelidad, comprometiéndose éstas a pagar la deuda que van a contraer con los explotadores y cuyo montante aún desconocen y a no denunciarlos a la Policía, so pena de muerte en caso de incumplimiento.

Tras el ritual, la organización realizaba las gestiones necesarias para que las mujeres pudieran viajar hasta nuestro país, proporcionándoles documentación y billetes de avión. Las víctimas viajaban con documentos falsos o con documentos reales pertenecientes a otras mujeres también nigerianas y residentes legales en algún país europeo.

Una vez documentadas, las jóvenes, acompañadas en todo momento por miembros de la organización, viajaban hasta España haciendo escala en distintos aeropuertos de la Unión Europea para no levantar sospechas. Ya en nuestro país los miembros de la organización aleccionaban a las víctimas para que solicitaran asilo. Una vez realizado este trámite les retiraban la documentación con la que habían viajado y les explicaban que habían adquirido una deuda en torno a los 50.000 euros por los gastos de viaje generados, que debían saldar inmediatamente ejerciendo la prostitución callejera.

 

“Cuentas mula” para blanquear los beneficios

Las ganancias que obtenían las víctimas con el ejercicio de la prostitución iban a parar íntegramente a la organización. Las víctimas debían ingresar periódicamente el dinero que ganaban prostituyéndose en diversas cuentas corrientes facilitadas por la líder de la organización, cuentas cuyos titulares eran terceras personas también de origen nigeriano. De este modo la organización comenzaba a blanquear los beneficios obtenidos de la explotación de las mujeres, dificultando la identificación de los verdaderos responsables e introduciendo así el dinero en el sistema financiero legal.

 

Una situación de absoluta dependencia que las impide denunciar

Las víctimas, desprovistas de documentación y de dinero y sin ninguna otra forma de ganarse la vida, se encuentran en una situación de absoluta dependencia de la organización, ya que desconocen por completo la cultura, el idioma y la legislación españolas. Todo eso, unido al miedo a sufrir represalias y a ser expulsadas y enviadas de nuevo a su país, les impide denunciar su situación a las autoridades y las arrastra a ejercer la prostitución como única manera de sobrevivir.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la UCRIF de Valencia y las Brigadas de Extranjería de Bilbao, Fuenlabrada y Gandía y se ha saldado con la detención de cinco miembros de la organización, entre ellos la principal responsable. Los agentes han registrado un domicilio en Humanes de Madrid, durante el cual se han intervenido numerosas libretas de cuentas bancarias en las que se registran innumerables movimientos de efectivo, documentos de identidad, mil quinientos (1.500) euros en efectivo y varios terminales de telefonía móvil y soportes físicos de memoria externa (discos duros, tablets, pen drives, etc.) cuyo contenido está siendo analizado por expertos policiales. La operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

 

Con la trata no hay trato

Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha en 2013, y que dio lugar a la creación de una nueva unidad de referencia en esta materia: la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos, adscrita a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional. Con la puesta en marcha de este plan, la Policía Nacional activó la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.

 

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