Existe, actualmente, una considerable cantidad de personas, de todo tipo y condición y entre las cuales me incluyo, que pensamos que el cambio verdadero de nuestra sociedad vendrá de la mano del desarrollo de nuestras instituciones y del aumento de la calidad de las mismas, aunque soy consciente de que el concepto de desarrollo institucional es lo suficientemente amplio y abstracto como para albergar multitud de aspectos que pueden relacionarse con el objetivo último de esta reflexión.
Si nuestra democracia se basa, entre otras cosas, en la asunción de la separación de los poderes del Estado, lo que implica su funcionamiento independiente, ya empezamos a descorazonarnos con aquellas actuaciones que nos encontramos a diario en los medios de comunicación, tanto del ejecutivo y del legislativo como del poder judicial.
Haciendo un diagnóstico resumido de las disfuncionales institucionales de nuestra querida democracia española, podemos encontrarnos con la flagrante utilización de las instituciones del Estado de Derecho con fines partidistas, la toma de decisiones “constitucionalistas” que, a todas luces, van en contra de lo establecido en la propia Constitución Española, las recompensas inmediatas, que no en diferido, a jueces, de forma contingente a la prestación de sus “servicios”, el bloqueo legislativo para realizar cambios en la Constitución, así como la utilización de los propios Ministerios como maquinaria de corte electoral, entre otras.
Un claro ejemplo lo tenemos con respecto a la Comunitat Valenciana, el único territorio con la renta per cápita por debajo de la media nacional que es contribuyente neto, y con uno de los menores costes autonómicos de su administración. Así, registramos una infrafinanciación estructural que provoca que no podamos asumir nuestros servicios públicos transferidos por el Estado Español. Es decir, los valencianos y valencianas no tenemos, en la práctica, los mismos derechos que en otras autonomías, lo que contraviene el artículo 139.1 de la CE que tanto dicen defender estos “constitucionalistas”.
Esta disfuncionalidad, aderezada con un conjunto de medias verdades y algunas mentiras de considerable magnitud, conforman una gran parte de nuestro panorama político actual.
Entre las grandes mentiras que nos podemos encontrar en estos momentos, cabe citar la promovida por el Ejecutivo Español sobre el cambio del sistema de financiación de las autonomías, previsto y prometido por M.Rajoy para finales del año 2017, que acabamos de cerrar y que, convenientemente, ha sido aplazada sine die por el artificiero económico del partido del Gobierno de España… el que utiliza el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) como recurso electoral de primera línea o como regalo de los Reyes Magos, en estos momentos, pero con un contundente diferido.
Nuestra delicada democracia no puede permitirse este elevado grado de disfuncionalidad institucional: partidos gobernantes con corrupción estructural en sus filas, miembros del poder ejecutivo que “chulean” y mienten descaradamente a las Comunidades Autónomas y, por ende, a su ciudadanía, una separación de poderes cada vez más en entredicho y un largo etcétera.
No obstante, la ciudadanía lo permite, con su voto, dando carta de naturaleza a su propia degradación democrática. Así, tenemos lo que queremos, no lo que merecemos.