El Ayuntamiento de València, mediante el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha firmado esta mañana en Barcelona una declaración municipalista para promocionar la contratación pública responsable. Junto con el concejal valenciano han firmado la declaración, en representación de otros cuatro municipios: el primer teniente de la alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello; el conejal del área de Gobierno, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez; la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y el primer teniente de la alcaldía del Ayuntamiento de Sabadell, Joan Berlanga. Además se han añadido los ayuntamientos de Sevilla, Pamplona y Badalona.
El concejal Sergi Campillo ha destacado la importancia de esta declaración y la transversalidad de los municipios que la han firmado, con partidos políticos y coaliciones varios al frente. “Desde el Govern de la Nau queremos poner en valor la apuesta de Valencia para que el precio no sea tan determinante en la contratación y dar importancia a cláusulas sociales, éticas y medioambientales”, ha explicado.
En este sentido, Campillo ha recordado que en València las empresas que desean contratar con el Ayuntamiento tienen que aplicar algunas condiciones desde que el año pasado el Govern de la Nau acordara la aplicación de toda una serie de cláusulas contractuales, como por ejemplo la necesidad de planes de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el respecto a la igualdad de trato y oportunidades, el uso de lenguaje no sexista, la especial atención al fomento de la ocupación en colectivos como los mayores de 45 años y los parados de larga duración, etc. “El objetivo fundamental es que haya un cambio en las relaciones con las empresas porque el Ayuntamiento exige unos criterios y normas nuevos”, ha afirmado el concejal.
Las ciudades firmantes denuncian que el proyecto de ley de contratos del sector público que ha presentado el gobierno central no garantiza la contratación pública responsable, eficiente, íntegra, transparente y sostenible. En contraposición, con esta declaración conjunta se apuesta por la promoción de la contratación pública responsable, que impulse el tejido productivo local, dando acceso a las pequeñas y medianas empresas y promoviendo la economía social y las empresas responsables tanto desde un punto de vista social como ambiental. Plantean la necesidad de una contratación pública que sea transparente, que se pueda fiscalizar, que penalice las malas prácticas empresariales y contribuya a un marco de competencia donde la contratación pública se base en la calidad, el valor social y la eficiencia y no en la precariedad laboral y las prácticas insostenibles.
Los municipios firmantes han destacado que en los últimos años el potencial de la contratación pública ha sido mal aprovechado, generando en algunos casos impactes negativos. “El criterio económico siempre ha sido lo principal, sin considerar la importancia que tienen las consideraciones de carácter laboral, social, ambiental o de igualdad de género, por ejemplo”, ha reiterado Campillo.
El texto de la declaración municipalista expone que existen dos instrumentos legales para atender a estos retos, como por ejemplo la Declaración del 25 de septiembre de 2015 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Agenda 2030 por el desarrollo sostenible) y la directiva europea 24/2014 de contratación pública, pendiente de transposición al Estado.
La declaración denuncia que el gobierno central ha presentado a las Cortes Generales un proyecto de ley de contratos del sector público que, entre otros temas, no define nuevos procedimientos de contratación ágiles y eficientes, recorta avances que suponía la norma europea y no facilita el marco legal necesario para desarrollar una contratación pública responsable.
Para los municipios firmantes ésta es una oportunidad que hay que aprovechar para generar marcos legales que permitan hacer de la contratación pública una herramienta de transformación social y económica y una muestra más de cómo se está materializando en ayuntamientos diversos, con gobiernos diferentes, un nuevo e innovador paradigma de contratación como política pública estratégica y coherente con el mandato de la directiva europea.
En este sentido, las ciudades que han firmado hoy la declaración, la abren al resto de municipios interesados en adherirse.
DECLARACIÓN MUNICIPALISTA A FAVOR DE LA CONTRACTACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE
1. Reconocer y reafirmar la importancia de una contratación pública sostenible que incorpore aspectos sociales y ambientales en la toma de decisiones, con el objetivo de contribuir a la transformación socioeconómica y la dinamización del tejido productivo local, de las pequeñas y medianas empresas y de todas aquellas organizaciones que generan impactos económicos, sociales y ambientales positivos.2. Manifestar la preocupación con el texto del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público presentado por el gobierno del PP para que garantiza una contratación pública responsable, eficiente, íntegra, transparente y sostenible.
3. Reclamar que la ley de contratos del sector público incorpore los siguientes objetivos concretos:
- Suprimir las Instrucciones de contratación que cada organismo del sector público puede redactar para regular su contratación y establecer un marco jurídico común que, respetando las competencias de las comunidades autónomas, asegure la participación de las empresas y especialmente las PYMES en condiciones de seguridad jurídica e igualdad de condiciones.
- Ampliar el ámbito material para la interposición del recurso especial que alcance también a los contratos licitados públicamente de umbral no armonizado, a los efectos de atacar la corrupción en la contratación pública y eliminar las malas prácticas, garantizando en todo caso la eficiencia y sumaria a la resolución de los recursos que conocen los tribunales administrativos de Recursos Contractuales.
- Regular la contratación de los servicios públicos atendiendo a consideraciones singulares de calidad, territorialidad y accesibilidad en la prestación de los servicios.
- Asegurar que el concepto de oferta económicamente más ventajosa se base en la óptima relación calidad-precio, incorporando valoraciones de tipo social, ético, laboral, ambiental y de igualdad de género. Desplegar las herramientas y procedimientos necesarios para que esto sea asumible.
- Agilizar los procedimientos de contratación pública y regular un procedimiento abierto realmente simplificado que permita la selección de la oferta con eficiencia y reducción del plazo mínimo de presentación de ofertas.
- Garantizar el control y supervisión de la contratación pública con la constitución de un comisionado de las Cortes Generales que vele por la integridad y dirima los conflictos de intereses en los procedimientos de contratación, al mismo tiempo que asegure la competencia leal entre las empresas.
- Regular íntegramente la contratación electrónica, revisando los procesos y funcionalidades para agilizar el sistema de comunicación entre los agentes intervinientes. Definir el modelo y los sistemas que pueden seguir todas las administraciones públicas para la implantación de la contratación electrónica y regular el papel de los proveedores privados de servicios informáticos.
- Atender las singularidades de la contratación de las administraciones locales considerando los medios humanos y materiales de que dispone y la amplitud de sus competencias directamente vinculadas con la satisfacción de las necesidades vitales de los ciudadanos de su territorio.
- Regular las peculiaridades de los servicios a las personas, garantizando su universalidad y continuidad, la atención al usuario y la experiencia de las entidades prestamistas.
- Potenciar la participación en la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, artesanos y proveedores locales y de proximidad y habilitar la posibilidad del pago directo del precio al subcontratista en caso de morosidad del contratista principal.
- Regular la contratación reservada de servicios a las personas a favor de las empresas sociales.
- Establecer mecanismos que facilitan la participación de las empresas sociales en la contratación pública para #promover modelos de negocio generadores de efectos económicos ambientales, sociales y de buen gobierno positivos, reservando un segmento de la contratación no sometida a regulación europea a favor de estas.
- Regular la relación entre los órganos de la Administración Local y los servicios competentes en materia de inspección laboral y ambiental para un mayor control en caso de incumplimiento por las empresas contratadas y subcontratadas de sus obligaciones ambientales, laborales y de Seguridad Social.
- Regular la prohibición de contratar las empresas que directamente o indirectamente, mediante empresas interpuestas, realizan actividades en paraísos fiscales con objeto de incumplir sus obligaciones tributarias en el país donde llevan a cabo la actividad económica o para la realización otras actividades ilícitas que, en todo caso, comportan la obtención de ventajas y generan una competencia desleal a las licitaciones públicas.
4. Trasladar este acuerdo a las instituciones europeas implicadas, en el gobierno central, a las mesas del Congreso y del Senado y a los grupos políticos, así como a las entidades municipalistas y los agentes patronales y sindicales.