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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciano (TSJCV) está en el punto de mira. Y es que ya hay voces que lo acusan de politizar sus decisiones. La polémica comenzaba cuando declaraba la nulidad parcial de un total de once artículos del Decreto 6/2017 de la Generalitat, encargado de regular el uso del valenciano y el castellano en la administración autonómica. Los artículos anulados hacían referencia al uso destacado del valenciano sobre el castellano en las notificaciones, las rotulaciones de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y la atención a la ciudadanía.
Una anulación parcial que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo estimó tras un recurso interpuesto por dos diputados del grupo popular. Los motivos del TSJCV para dar valor al recurso fueron, en el caso de iniciar en valenciano la comunicación con los particulares, que ‘siendo las dos lenguas oficiales, imponer de manera general y en toda circunstancia el uso de la misma contraviene el Estatuto de Autonomía, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià y la doctrina del Tribunal Constitucional’.
Asimismo, también hacía referencia a la ilegalidad que suponía utilizar el uso exclusivo del valenciano en la rotulación de las zonas valencianoparlantes o que las actuaciones administrativas internas se redacten exclusivamente en castellano, ya que aseguraba que ‘ni preserva el equilibrio entre las dos lenguas oficiales’, ni ‘los empleados públicos tienen legalmente la obligación de conocer el valenciano, menos hasta el punto de poder comunicarse por escrito en dicha lengua’.
El síndic del grupo parlamentario Compromís, Fran Ferri, se pronunció claramente tras conocer esta polémica decisión. ‘El PPCV se ha convertido en un partido que va en contra del uso del valenciano en la vida cotidiana de los y las valencianas. Esta sentencia provoca que los que hablan valenciano estén discriminados en la Administración. Desde Compromís creemos que el valenciano tiene que tener un uso destacado en la Administración, y estar al mismo nivel que el castellano’.
Desde la Plataforma per la Llengua también denunciaron ‘la reiterada interferencia política del poder judicial en las políticas de normalización lingüística’, y desde Acción Cultura del País Valencià rechazaron la postura del TSJCV por ‘posicionarse junto con el PP en la decisión de impedir la dignificación del valenciano como lengua propia del pueblo, pretendiendo mantenerla en el estatus de lengua secundaria’. Asimismo, alertaron de ‘la pretensión de un sector significativo del poder judicial de cuestionar la soberanía popular representada por las Cortes Valencianas y el Consell, corrigiendo sus legítimas y democráticas decisiones’.
Sin duda, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana está recibiendo críticas desde todos los sectores de la sociedad, y hasta el mismísimo Tribunal Supremo le ha dado un revés sobre el famoso Decreto de Plurilingüismo, ya que reafirma los argumentos del conseller de Educación, Vicent Marzà, al declarar ‘la pérdida sobrevenida del objeto procesal’. Y es que si ya se ha derogado este decreto, ¿Por qué se sigue adelante con los recursos en contra de una norma inexistente?
La religión de los centros públicos a debate
Después de la reciente polémica sobre la incorporación de la religión islámica en dos centros de la provincia de Castellón como una experiencia piloto, y de las diferentes entidades y plataformas que piden que la religión salga de las aulas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido el recurso interpuesto por la Asociación Profesional de Profesores de Religión en Centros Estatales, que obligará a la Generalitat a ofertar la asignatura de religión, también, en segundo de Bachiller.Una nueva inclusión de la religión en el calendario lectivo que no se incluía desde la aprobación de la actual estructura de las enseñanzas de Bachillerato con la LOGSE en 1990. Una decisión que ha cogido por sorpresa, y con incredulidad, al conseller de Educación, Vicent Marzà que, en una entrevista, aseguraba que ‘nunca se había ofertado, nadie lo había denunciado y, ahora, resulta que se nos obliga a ofertarla cuando nadie lo había hecho’. ‘No lo hemos cambiado nosotros. Hemos hecho un decreto de currículum que amplía, por ejemplo, las horas de inglés, pero que no toca nada del anterior sobre la presencia de la religión en ese curso, que tampoco la había con el anterior decreto del PP’.
Finalmente, Marzà ha lamentado que ‘se obligue a ofertar una cosa en la que no veo sentido pedagógico. Lo cumpliremos, aunque no lo compartamos’. Aun así, la Generalitat Valenciana ha informado que recurrirá esta sentencia, mientras que la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha asegurado que ‘no será una asignatura que compute’.