Las Corts han convalidado este jueves, con la única oposición de Vox, el decreto ley que establece el régimen sancionador específico contra el incumplimiento de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la COVID-19, que prevén multas desde 60 a 60.000 euros y el cierre de locales o negocios. Asimismo, se ha votado en contra de tramitar este decreto ley como proyecto de ley.
La validación del decreto ha contado con el respaldo de los grupos del Botànic, mientras que el PP y Cs también han votado a favor pero, según explicaron el martes durante el debate, por "sentido de responsabilidad" a pesar de "las deficiencias legales" que incluye y "la mala gestión". Vox es el único grupo que ha votado en contra al considerarlo "antidemocrático, anticonstitucional y confiscatorio".
Este nuevo decreto contempla sanciones leves, graves y muy graves y el servicio estará centralizado en la Generalitat sin perjuicio de las competencias que tengan los ayuntamientos o el Gobierno central. Para el cumplimiento de la nueva normativa sanitaria se contará con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local.
El decreto, que según Bravo no tiene un afán recaudatorio sino disuasorio, consta de tres capítulos, 15 artículos, dos disposiciones adicionales, una transitoria y otra final. Estipula que los responsables de las infracciones serán las personas físicas o jurídicas, mientras que en cuanto a los menores de edad, la responsabilidad será de sus padres o tutores.
Tres tipos de infracciones contempla el decreto. Las primeras, las leves, que conllevan multa que va desde los 60 hasta los 600 euros. Aquí se incluye el incumplimiento de no llevar mascarilla o usarla de manera inadecuada --con un máximo de 100 euros--; o el incumplimiento de los establecimientos públicos de informar a los clientes sobre el aforo del local, distancia o uso de mascarilla.
También contempla multas leves por falta de higiene en locales públicos o privados; y el incumplimiento de la cuarentena en personas que no han dado positivo en Covid pero sí han estado en contacto directo con un enfermo confinado.
INFRACCIONES GRAVES
Respecto a las infracciones graves, aquéllas sancionadas con multas que van desde los 601 euros hasta los 30.000, se refieren a vulnerar el límite de aforo en establecimientos públicos o a la organización de reuniones y fiestas que impliquen una aglomeración y sea difícil adoptar medidas de prevención o distancia; también al incumplimiento de la distancia de seguridad entre mesas en locales y terrazas o a las medias de higiene y desinfección de acceso a recintos; así como el incumplimiento de aislamiento domiciliario que deben seguir las personas que ha dado positivo al Covid.Por último, están las infracciones muy graves, que van desde los 30.000 hasta los 60.000 euros, y se impondrán por no respetar los límites de aforo o medidas de prevención e higiene en establecimientos abiertos al publico cuando suponga un riesgo para la salud que afecte a más de 150 personas; o por sobrepasar el aforo de establecimiento si hay menores o mayores de 65 años.
Así mismo, estas infracciones muy graves se refieren a la organización de reuniones o fiestas que impliquen aglomeración que impida medidas sanitarias con menores o mayores de 65 años; o el impedimiento de inspección hacia los agentes y el incumplimiento de la obligación de inhabilitar la pista de baile.