Las que nos hemos dedicado a investigar y denunciar la corrupción lo hacemos porque nos parece necesario creer que vivimos en un Estado de Derecho. Pero esto sólo es posible si existe una separación real de los poderes del Estado, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Sin embargo, que el Poder Judicial no es independiente en su elección del poder político ha sido una cuestión clarísima desde la transición. Para empezar, el Fiscal General del Estado es elegido directamente por el Gobierno, los 12 miembros del Tribunal Constitucional son elegidos 4 por el Congreso de los Diputados, 4 por el Senado, 2 por el Consejo General del Poder Judicial y 2 por el Gobierno, a su vez en el CGPJ 20 de sus 21 miembros son elegidos la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado y también tienen determinada incidencia en la elección de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA. Hasta aquí la información no es nueva.
Lo realmente preocupante, más allá de la dependencia en la elección, es la dependencia en las decisiones y aunque las dudas en numerosos hechos son presuntamente más que evidentes, los últimos acontecimientos en la Fiscalía General del Estado se escapan a todo lo mínimamente aceptable en un sistema democrático de Derecho.
La Fiscalía anticorrupción ha de ser una herramienta imprescindible para llevar ante la Justicia tanto a todos aquellos que utilizan sus cargos públicos para expoliar las arcas públicas en beneficio propio, como a sus cooperadores necesarios. En los últimos años los casos de corrupción han sido numerosos y miembros relevantes de importantes instituciones (y de grandes empresas) han sido imputados, juzgados y condenados por diversos delitos contra la administración pública.
Esta semana hemos asistido al anuncio por parte del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, de la dimisión de Fiscal JefeAnticorrupción Manuel Moix. Que se hubiera elegido como Fiscal Anticorrupción a un Fiscal con ninguna experiencia en perseguir corrupción ya decía mucho de la intencionalidad con la que se le elegía. Las noticias sobre el ejercicio de su cargo no se hicieron esperar: en poco más de tres meses intentó frenar el registro del domicilio de Ignacio González e impuso que se le retirara el delito de organización criminal, quiso relevar a los fiscales de las presuntas comisiones del 3% cobradas a empresario por CDC e investigó a los fiscales del Caso Pujol. No cabe duda que los que lo querían en el puesto sabían que iba a hacer bien su trabajo, que desde luego dista mucho de perseguir corruptos.
Pero su dimisión no se ha producido por ninguno de los hechos antes narrados, que ya de por sí cada uno aisladamente nos podría hacer sospechar de la connivencia con los corruptos; finalmente se ha producido por ocultar que poseía el 25% de una empresa panameña. A pesar de no haber aparecido en los Panama Papers, el tema ya se estaba haciendo demasiado evidente incluso para ellos, que ya es difícil. Pero no nos equivoquemos, este señor no se va precisamente a su casa. Se va al Tribunal Supremo, nada más y nada menos, a seguir ejerciendo su función bajo los principios de “legalidad” e “imparcialidad” propios de su puesto, como ya lo hizo en 2009 desde la fiscalía de Madrid cuando archivó una denuncia por la adjudicación del campo de golf en Chamberí a Pablo González por parte de su hermano.
Además, en breve sabremos a quien colocan en el puesto, todo hace prever que alguien con características semejantes a las de su predecesor.Los hechos cuestionan más que sobradamente la existencia del Estado de Derecho y nos dejan sin ninguna confianza en las estructuras responsables de la investigación de las numerosas tramas de corrupción, y por lo tanto, aquellas personas que la perseguimos no tenemos garantías de que nuestras denuncias cuentan con las investigaciones e imputaciones correspondientes. Y el problema es que, si sospechamos que no es así, ¿dónde se denuncia la corrupción de anticorrupción?