La Junta de Gobierno Local ha aprobado los contratos de arrendamiento de viviendas sociales, a través de un programa de acceso a la vivienda municipal dirigido a personas con dificultades a causa de factores de riesgo y de exclusión social. Los alquileres tienen precio mínimo de 40 y un máximo de 100 euros al mes. La portavoz municipal Sandra Gómez ha explicado que «afectarán a 12 familias de nuestra ciudad que necesitan esa ayuda y, por lo tanto, requieren de una solución habitacional que les permita tener una vivienda digna».
Además, en los casos de víctimas de violencia de género, estas tendrán preferencia a la hora de acceder a una de estas viviendas. «Si hay alguien que siempre lo tiene un poco más difícil son aquellas mujeres víctimas de la violencia de género», ha continuado Gómez. Por esta razón, el Ayuntamiento ha suscrito un protocolo con la Generalitat Valenciana para «ceder viviendas de titularidad municipal a aquellas mujeres que salgan de ese infierno y puedan tener una transición hacia una vida autónoma».
Asimismo, Sandra Gómez ha comunicado la aprobación del ajardinamiento de la plaza Doctor Lorenzo de la Flor, en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, por un importe de 240.808 euros. «Se trata de un punto de la “zona cero”, donde la degradación es grande, y un ejemplo de la apuesta del Ayuntamiento por su renovación; uno de los emplazamientos a donde el Consistorio está dirigiendo su atención e inversiones».
Por otro lado, la concejala ha señalado que el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la evaluación ambiental relacionada con la edificación de nuevos edificios en sustitución a otros de la Universitat Politècnica de València, «una buena noticia para València, y más al tratarse de una de las mejores universidades en el ámbito a nivel nacional e internacional».
Para concluir, tal y como avanzó anteayer el alcalde, Joan Ribó, la Junta de Gobierno Local ha acordado personarse en el Caso Azud, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a contratas municipales por parte de familiares directos del entorno de la anterior alcaldesa, Rita Barberá. «València quiere pasar página del pasado vinculado a la corrupción del anterior gobierno municipal, el dinero público mal utilizado en esas contratas debe volver», ha defendido la portavoz municipal.