El Consell no tiene "encima de la mesa" la posibilidad de llevar a los tribunales la ampliación del puerto de València como han planteado en clave de partido Compromís, Esquerra Unida y Podem. La vicepresidenta, Mónica Oltra, ha resaltado que sobre esta materia hay "muchas posturas no necesariamente partidistas" pero ha apuntado que para el ejecutivo "la hoja de ruta es lo que dice el primer punto del pacto del Botànic, la lucha contra la emergencia climática".
Así se ha pronunciado Oltra este viernes en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha conisderado "precipitado" hablar de "división" en el ejecutivo respecto a esta cuestión. Tres de los cuatro partidos que lo sustentan (Compromís, Esquerra Unida y Podem) han anunciado que presentarán o se sumarán a acciones judiciales contra esta ampliación después de que el Ministerio de Transición Ecológica considerara que la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 continúa vigente. Mientras, el president, Ximo Puig, afirmaba el jueves que su partido (PSPV) analiza este tema "con objetividad y sin maniqueísmo".
Para Oltra, "se tiene que estudiar en profundidad la cuestión y las consecuencias que pueda tener" y "es obvio que un proyecto de 2006 se tiene que estudiar con los ojos de 2021, con todo lo que eso implica".
En este sentido, se ha preguntado "qué ciudad y qué área metropolitana queremos" y "cómo se traduce en la estima y el valor ecológico de la avifauna de l'Albufera", un "ecosistema singular con un valor muy emocional". También ha pedido considerar "cuántos metros han perdido las playas" y "el peligro potencial de la salinización de l'Albufera", que a su juicio, supondría una "catástrofe" para la agricultura del arroz.
Sobre la postura del Consell, ha argumentado que en 2019 aprobaron la "emergencia climática" con la que se comprometían a "avanzar hacia un territorio sostenible". Además, ha matizado: "No he sentido ninguna voz que diga que se tiene que hacer cueste lo que le cueste a l'Albufera. A todo el mundo que le he oído defender que el proyecto siga adelante, lo condicionan a que no tenga impacto".
No obstante, ha indicado que hay "muchas partes implicadas", no solo el Consell, sino también la administración general del Estado y el Ayuntamiento de València.