El Pleno del Consell ha autorizado la firma de un acuerdo marco para el suministro de vacunas del programa de vacunación infantil y de personas adultas por un importe estimado de 35.428.476 millones.
El acuerdo marco tiene por objeto la selección de empresas que suministrarán las vacunas destinadas a estos programas en distintos lotes, la fijación de precios y el establecimiento de las bases que regirán los contratos de suministro; y con posterioridad, en una segunda fase, se procederá a la adjudicación de los correspondientes contratos con las empresas adjudicatarias del Acuerdo Marco.
La duración del acuerdo marco es de dos años, con posibilidad de prórroga de un año.
En concreto, son un total de 10 lotes de vacunas: vacunas para programas de vacunación infantil y grupos de riesgo (lotes 1 y 10: vacuna conjugada frente al neumococo y vacuna tetravalente frente al meningococo); vacunas para la vacunación en grupos de riesgo, tanto en niños como en adultos (lotes 2, 3, 5 y 9: vacunas frente al meningococo serogrupo B, frente al papilomavirus, frente a la hepatitis B pediátrica y frente al rotavirus).
También se incluyen vacunas para completar y/o adecuar el calendario vacunal en niños, fundamentalmente personas inmigrantes (lote 4: vacuna frente a la polio inactivada); y programas de vacunación de viajeros (lotes 6, 7 y 8: vacuna antitifoidea oral, vacuna frente al cólera y vacuna frente a la encefalitis japonesa).
Los beneficiarios de este acuerdo son tanto para los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como para las empresas licitadoras que, al participar en convocatorias centralizadas, pueden acceder a mayores oportunidades de negocio en un único procedimiento. También beneficia a las personas usuarias finales, tanto profesionales como pacientes, que acceden a productos de mayor calidad en el mercado.
Esta licitación se incluye en el plan de actuación de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública para incrementar el porcentaje de productos de compra centralizada desde el 25% actual hasta el 40%, no solo con el objetivo de obtener los mejores precios, sino, sobre todo, para obtener los productos de mayor calidad y una mayor equidad y eficiencia de las compras públicas, dentro del ámbito de aplicación de la ley 9/2017 de contratos del sector público.