El Pleno del Consell ha analizado la memoria de actividades correspondiente al ejercicio 2018 de la Junta Superior de Contratación Administrativa, en la que se recoge la gestión contractual de la Administración de la Generalitat y de sus entidades autónomas y de derecho público durante ese año.
El informe refleja un importante incremento de los contratos inscritos en el Registro de Contratos, ya que alcanzan los 24.140, lo que supone un 136% más con respecto a 2017. Ello es debido a la entrada en vigor, en marzo de 2018, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que establecía la inscripción de los contratos de precio inferior a 5.000 euros IVA incluido, es decir, de todos los contratos a excepción de los anticipos de caja fija.
Cabe recordar que hasta la entrada en vigor de la nueva ley, la obligatoriedad de registro se ceñía a los contratos de importe superior a los 30.000 euros, en el caso de obras, y a los de importe superior a 6.000 euros, en el caso de servicios y suministros.
Además, el informe destaca la mayor agilidad en la gestión de la contratación realizada en este periodo como consecuencia de la aprobación de la Orden 1/2019, de 15 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan normas de funcionamiento del Registro Oficial de Contratos de la Generalitat.
Esta normativa establece, además de las novedades legislativas en la materia, la tramitación totalmente electrónica de la comunicación por las unidades de contratación, así como de la revisión e inscripción de todos los contratos comunicados.
Incremento del importe de contratos
En concreto de los 24.140 registrados, 15.709 son contratos menores de 5.000 euros, cuyo importe global asciende a 14,7 millones de euros; 5.903 son contratos menores, es decir, de menos de 40.000 euros, si se trata de obras y menos de 15.000 euros en servicios y suministros, cuyo importe ha ascendido a 63,6 millones de euros; y 2.528 corresponden a contratos no menores, con un importe total de 1.031 millones de euros.Ello supone que el importe global de los contratos, según señala la memoria, experimenta un aumento del 20,9% respecto de 2017, puesto que pasa de 918 a 1.110 millones de euros.
Procedimientos abiertos aumentan un 8,9%
En cuanto al procedimiento de adjudicación de los contratos, 1.556 han sido tramitados por procedimiento abierto, es decir, un 8,9% más que en 2017 cuando el número de contratos por este procedimiento fue de 1.428. El importe de estos contratos ha ascendido a 825,73 millones de euros, cifra que también ha aumentado un 54,42% si se compara con el anterior año y que representa el 74,38% del importe acumulado de adjudicación.Además, 600 contratos han sido adjudicados derivados de acuerdos marco, por un importe global de 162,49 millones de euros; 21.455 contratos por importe total de 76,94 millones han sido tramitados por adjudicación directa; y 288 contratos se han generado fruto de un procedimiento negociado, cuyo importe ha alcanzado los 29,55 millones de euros. Cabe destacar que el volumen total de contratos negociados se ha reducido en un 41,8% con respecto al año 2017.
Por otro lado, se han tramitado 23 contratos por procedimiento de emergencia por un importe total de 7,26 millones de euros; y 150 por valor de 6,39 millones de euros, han sido tramitados por el nuevo procedimiento abierto simplificado que afecta a contratos menores a los 35.000 euros en el caso de servicios y suministros, así como 80.000 euros en el caso de los contratos de obras.
Descenso de las revocaciones
Por otra parte, en el Registro Oficial de Contratistas y Empresas Clasificadas de la Comunitat Valenciana durante 2018 figuran 2.436 empresas en activo, frente a las 2.170 que aparecían el año anterior. Del total de empresas, 834 son empresas clasificadas, de las cuales, 465 corresponden a la provincia de València, 130 a Alicante, 84 a Castellón y 155 son de fuera de la Comunitat Valenciana.Por lo que respecta a las revisiones anuales de solvencia económica y financiera de las empresas clasificadas, se observa que el pasado ejercicio de las 418 empresas revisadas, se ha revocado la clasificación únicamente a 23, lo que supone un 5,5%. Esta cifra, similar a la del año pasado y la mitad de las revocadas en 2015, evidencian la recuperación de la situación patrimonial de las empresas y el freno al deterioro de sus cuentas que venía observándose desde 2008 coincidiendo con los momentos más duros de la crisis económica.
Por otra parte, en las revisiones trienales se ha procedido a la revisión de 97 expedientes, y a la revocación de 9 clasificaciones por no presentar la documentación solicitada, al tiempo que no se ha registrado ninguna revocación por disminución de las condiciones de solvencias técnicas necesarias.