La Audiencia Nacional ha condenado a los acusados por el amaño de la contratación de las pantallas de la visita del Papa a València en el año 2006. De este modo quien fue el director general de RTVV, Pedro García, ha recibido la mayor pena, ya que afronta una pena de seis años y medio de privación de libertad. García, quien fue el máximo responsable del ente público autonómico del momento llego a admitir durante el juicio que recibió indicaciones políticas, de Francisco Camps entre otros, para que se adjudicara el servicio a una empresa de pantallas de la trama Gürtel, la firma Teconsa. En el escrito de acusación, la Fiscalía reclamaba nueve años de cárcel para el exdirectivo.
Otros miembros de la plantilla de altos cargos y responsables de la televisión valenciana de entonces, con responsabilidades en cuanto a contratación y adjudicación de contratos, también han sido condenados, pero en estos casos las penas han sido mas bajas. De este modo, los diferentes responsables del ente público, han recibido penas que oscilan entre el año y seis meses a los dos años y seis meses de cárcel por participar en la trama. Es el caso de Ricardo Calatayud, director del Departamento Económico Financiero, Antonio de la Viuda, director de Antena; Juan Prefaci, jefe de Gabinete de García; Encarnación Pérez, letrada del departamento de Dirección Jurídica; José Llorca, director de Televisión Valenciana (TVV); Vicente Sanz, gestión de Recursos Humanos y jefe de la unidad de Compras.
Cabe recordar que dos de los acusados en esta asunto, el expresidente de les Corts, Juan Cotino, y el responsable de Canal 9, Luis Sabater fallecieron durante la celebración de la vista o con posterioridad al juicio por lo que su responsabilidad penal quedó extinguida.
La Audiencia considera que la valoración de la prueba en su conjunto permite concluir que hubo una adjudicación directa por parte del entonces director general de la RTVV a favor de la empresa interpuesta por el grupo Correa, Teconsa, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa a València en julio de 2006 con clara finalidad de enriquecimiento ilícito por el sobrecoste del importe pagado (3.205.375,11 euros).
El contrato se firmó por un precio excesivo a la elaboración formal del expediente administrativo, con la colaboración de los empleados públicos de RTVV, y se antedataron los trámites esenciales con el fin de dotar de apariencia de ilegalidad e incurriendo en el elaborado en sucesivas infracciones de la normativa administrativa.