La Comisión de Investigación sobre el llamado caso Taula ha cerrado este martes la fase de comparecencias, después de que, de nuevo, no se hayan presentado los cargos públicos llamados a declarar y el personal de confianza del PP en el momento de producirse presuntamente los hechos que se investigan, y de que quienes han acudido, obligados por su condición de funcionarios, se hayan negado a declarar. Así las cosas, la Comisión encara una nueva fase de análisis de documentación y elaboración de conclusiones de las comparecencias.
Así lo ha explicado el presidente de la Comisión y representante del Grupo Compromís, el concejal Carlos Galiana, quien ha explicado que, una vez cerrada esta fase de comparecencias, la Comisión va a solicitar copia de los expedientes de contratación de los 4 contratos que aparecen mencionados en la pieza A del Caso Taula, que se encuentran actualmente en sede judicial.
El trabajo de la Comisión se dirigirá a partir de ahora en dos direcciones: por un lado, el análisis de los citados expedientes y, por otra parte, se va a proceder a redactar el informe de conclusiones preliminares en base a los testimonios recabados durante las sesiones realizadas. La Comisión ha señalado el próximo 18 de octubre para volver a reunirse con estos dos cometidos.
Al término de la reunión, Carlos Galiana ha lamentado ante los medios de comunicación que “de nuevo, el Grupo Popular ni está ni se le espera”. “Parar cobrar sueldos públicos sí que estaban, pero no para dar explicaciones a los ciudadanos”, ha afirmado el edil, que ha añadido que “parece que se han olvidado de que son cargos públicos”.
Galiana ha destacado de esta manera la intención de investigar todo lo acaecido en el Ayuntamiento durante los años de gobierno del Partido Popular y la asunción de responsabilidades políticas por “este más que posible caso de corrupción”. Al parecer del representante de Compromís, no se puede entender que “el Partido Popular continúe manteniendo como concejales a todos sus imputados en este Ajuntament”. “Bonig i Rajoy”, ha dicho, “han de actuar ya i pedires el acta de regidor”.
Por su parte, la representante del Grupo PSPV-PSOE, Sandra Gómez, ha recordado que, hasta el momento, la Comisión dispone de cuatro testificales “que han confirmado que fueron invitados a participar y aportar esos dos billetes de 500 para realizar la operación de blanqueo de capitales, y que fueron amenazados y coaccionados para participar: prueba de ello es que ninguno está ahora mismo en el Grupo Popular”. Gómez ha añadido que únicamente un asesor popular “ha venido a decir lo contrario, con un sinfín de lagunas, y ése es el único testimonio con que contamos para contrarrestar a los otros testimonios”.
LA IMPUTACIÓN DE RITA BARBERÁ
Asimismo, la concejala Sandra Gómez ha definido como “paradójico” que sea precisamente este martes, cuando se reúne esta comisión “intentado llegar a conclusiones sobre la financiación presuntamente irregular de la campaña electoral de la anterior alcaldesa, Rita Barberá, que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, la haya nombrado portavoz de la comisiones de Economía y Constitucional del Senado”.
Cuando ha hecho estas declaraciones, todavía no se conocía la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra la exalcaldesa por un presunto delito de blanqueo de capitales. La concejala ha lamentado que “Rajoy no haya podido esperar, lo que nos hace preguntarnos qué clase de deudas o de pagos tiene el presidente en funciones con la señora Barberá”, y ha hecho un llamamiento para que, “igual que en el Caso Soria, se obligue a la señora Barberá a dar un paso al lado y a dejar de manchar con sus actuaciones políticas el nombre de nuestra ciudad y de nuestra comunidad”.