Diversas organizaciones y ONG han escenificado este jueves con una concentración frente a la Ciudad de la Justicia de València y una 'performance' del grupo teatral 'La Mar Salá' que la justicia no puede ser ciega, muda ni sorda y han mostrado también una ciudadanía que lucha por "limpiarla" con escobas y diverso material de saneamiento.
La Coordinadora Valenciana de ONGD y l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció han organizado una 'performance' por parte del grupo teatral 'La Mar Salá' bajo el título 'Caso Blasco: seguimos limpiando la corrupción' en la recta final del segundo juicio al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco.
Así, tres intérpretes con boca, oídos y ojos tapados han tratado de representar a una justicia que "no debe ser ciega, muda y sorda", mientras que otros actores simulaban ser la ciudadanía, que con escobas y demás material de saneamiento trataban de "limpiar" a esta justicia.
Con ello, según han explicado desde la Coordinadora Valenciana de ONGD, han tratado de poner de relieve que la ciudadanía valenciana pide una "sentencia justa" en el Caso Blasco, que ayude a "limpiar la corrupción". En la recta final del juicio, la Coordinadora ha sostenido que considera probado el delito de asociación ilícita, por el que Blasco no fue condenado en la primera pieza, y que le podría suponer junto con el resto de delitos de los que se le acusa, hasta 16 años de prisión.
A juicio de la Coordinadora, los acuerdos alcanzados entre la Fiscalía, el exconseller y el resto de principales acusados no garantizan la devolución de los fondos destinados a los países empobrecidos que fueron expoliados, ni suponen "la justicia efectiva necesaria para la dignidad de la sociedad valenciana".
De este modo, más de una treintena de personas representantes de diferentes entidades sociales y ONGD convocadas por la Coordinadora Valenciana de ONGD y el Observatori Ciutadà contra la Corrupció se han concentrado ante los juzgados valencianos para pedir "justicia efectiva ante el expolio de los fondos destinados a la cooperación con los países empobrecidos", dirigido entre los años 2008 y 2011 por el entonces conseller Rafel Blasco y el empresario César Augusto Tauroni.
Con gritos de 'El poble valencià contra la corrupció (El pueblo valenciano, contra la corrupción)' y 'On estàn els diners de la cooperació? (¿Dónde está el dinero de la cooperación?)', las personas concentradas han pedido que se garantice en la sentencia la devolución de los más de cuatro millones de euros desviados de 23 proyectos de cooperación con comunidades empobrecidas de 11 países, incluidos las afectadas por el devastador terremoto que sufrió Haití en 2010. También han exigido que "no se lance el mensaje de que robar sale gratis".
"Pedimos una sentencia proporcionada con la gravedad y la inmoralidad de los delitos cometidos, porque creemos que está quedando acreditado, por las declaraciones de los testigos, y por las pruebas documentales que están en la causa, que Blasco y Tauroni crearon y dirigieron una banda criminal para manipular los procedimientos para la concesión y control de fondos a proyectos de cooperación, y desviarlos para su propio lucro con la compra, como mínimo, de yates y apartamentos de lujo, que se sepa", ha explicado la presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón.
"EL CASO DE CORRUPCIÓN MÁS REPUGNANTE"
"Creemos que los acuerdos alcanzados por la Fiscalía con los principales acusados no garantizan ni la devolución de los fondos robados ni la justicia en el caso de corrupción más repugnante que ha padecido la Comunitat Valenciana", ha denunciado Mirón.Por eso, han señalado que defenderán en las conclusiones del juicio que el tribunal "no se ciña a esos pactos y falle de acuerdo con los principios de justicia y responsabilidad que rigen nuestra sociedad", según el portavoz de la campaña #JusticiaCasoBlasco de la Coordinadora, Carles Xavier López.
Según consta en la instrucción de la causa, para quedarse con los fondos destinados a la cooperación Blasco y Tauroni operaron a través de un entramado de 20 empresas y falsas ONGD creadas específicamente para delinquir, falseando documentos e informes, presionando a funcionarios o cesando a los que se resistían a respaldar con sus firmas actos delictivos.
En el primer juicio de este caso, Blasco fue condenado a seis años y seis meses de prisión (de los que ha cumplido 3 años y 7 meses), y 20 años de inhabilitación absoluta. En este segundo, la Coordinadora, como acusación popular, pide para el empresario Tauroni 22 años de prisión, 16 para Blasco y 14 años para Marc Llinares, funcionario afín al exconseller, que en el época en la que se cometieron los delitos era el jefe del Área de Cooperación Internacional en la Conselleria dirigida por Blasco.