El Defensor del Pueblo tramitó en 2019 un total de 20.616 expedientes en toda España: 20.215 quejas, un 18,9% más que el año anterior; 266 investigaciones de oficio frente a las 372 del año 2018; y 135 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad, frente a 327 del año precedente. La Comunitat Valenciana fue la tercera autonomía donde se elevaron más quejas, un total de 2.167.
Así consta en el Informe Anual de la Institución relativo al ejercicio 2019, que la Oficina del Defensor del Pueblo ha entregado este miércoles a las Cortes Generales y en el que se recogen todas las actuaciones realizadas durante el año pasado. En esta ocasión, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, no ha acudido personalmente a entregar el informe dada la situación de pandemia.
Respecto a la procedencia geográfica de las quejas recibidas, la institución detalla que el mayor número de ellas fueron presentadas por madrileños (5.751 expedientes), andaluces (2.429), valencianos (2.167) y catalanes (1.915).
De las quejas procedentes de valencianos, la mayoría (426) eran referidas a asuntos de Interior; seguidos de Administración de Justicia (353); Migraciones (167); Función y Empleo Públicos (167); Actividad Económica (110); Política Social (100). Ya con menos de un centenar aparecen después Impuestos (99); Educación (86) y Centros Penitenciarios (80).
"Algunas de las resoluciones formuladas a las Administraciones por el Defensor del Pueblo en 2019 pueden verse ahora, en esta situación inédita que estamos viviendo, fuera de contexto o pertenecientes a un mundo que tardaremos en recuperar", ha afirmado Fernández Marugán en alusión a los efectos de la crisis del coronavirus.
No obstante, el Defensor ha apuntado que otras de sus recomendaciones y sugerencias pasadas, "tienen ahora más actualidad que nunca, ya que algunas carencias del pasado se están dejando ver en esta crisis con una mayor intensidad". Como ejemplos, ha destacado la situación de las residencias de ancianos o la necesidad de crear una renta mínima de inserción social de ámbito estatal.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones que realizó el Defensor del Pueblo a la administración valenciana figura que la Conselleria de Sanidad tenga en cuenta, en la previsión de ingresos y gastos anuales, "el déficit estructural de la sanidad pública en la Comunitat Valenciana, y se adopten las medidas necesarias para garantizar el pago a proveedores".A la Conselleria de Educación pidió "adoptar las decisiones necesarias para garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el centro que los padres libremente soliciten, al que deberán dotar de los recursos y medios que resulten precisos para proporcionarle la atención específica que se contemple en el informe de evaluación psicopedagógica que se haya practicado".
Además, a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas le recordó la obligación de "resolver, en tiempo y forma, los expedientes relativos a la situación de dependencia de los ciudadanos y del derecho a las prestaciones del sistema".
Este departamento del Consell aparece en una ocasión en el listado de 'Administraciones no colaboradoras' debido a una cuestión relacionada con una menor ingresada en un centro de la provincia de Alicante que se inició el 4 de julio de 2018 y no fue contestada hasta después de un tercer requerimiento el 22 de agosto de 2019.