La Generalitat Valenciana ha derogado este viernes la obligación a las gasolineras a disponer de un responsable para atender a las personas con diversidad funcional en horario diurno, que había sido establecida en el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. Y lo ha hecho por "una disposición obligatoria" de la Unión Europea.
Lo han anunciado Mónica Oltra, vicepresidenta y portavoz del Consell, y Rafael Climent, conseller de Economía Sostenible, tras la reunión del pleno del Consell. "No nos gusta tener que aprobarlo", han señalado, pero han aclarado que si no lo hacen, "costaría muchísimo dinero" incumplir la disposición. Concretamente, la multa con la que amenaza la UE asciende a 600.000 euros diarios.
Rafael Climent se ha lamentado y ha asegurado que de esta forma se da de lado a "las políticas del Pacto del Botànic que ponen en el centro a las personas" y ha señalado a la UE por continuar con su "marco neoliberal" y por tener esta asignatura pendiente: crear, además de la Europa económica y financiera, la Europa social. "Estamos avanzando pero nos queda mucho camino", ha sentenciado.
Según el conseller, Europa consideraba "innecesarias y desproporcionadas" las razones argumentadas para obligar a esta contratación, a pesar de dos informes de la Generalitat que la avalaban y que "parece que no los tuvieron en cuenta".
La multa de 600.000 euros diarios se tendría que pagar entre todas las comunidades autónomas que, como la valenciana, han adoptado eeste tipo de medidas que contravenían la directiva europea. Es decir, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Navarra, País Vasco, Baleares o Murcia.
A pesar de la marcha atrás, el próximo 8 de febrero se celebrará en Bruselas una reunión a la que acudiarán miembros de la Comisión Europea, de España y de los ejecutivos autonómicos afectados. Y mientras, la Generalitat ha asegurado que seguirá en la búsqueda de fórmulas para que existan "gasolineras inclusivas".