Que este año 2018 no iba a ser un año fácil para el PP valenciano, era bien sabido. Sin embargo, a pesar de las expectativas, los tribunales agravan la situación de antiguos dirigentes de la formación en casos que llevan años instruyéndose o en casos que se dan a conocer por primera vez. Un ejemplo de ello es el de Francisco Camps, que ya carga a sus espaldas con tres causas judiciales abiertas desde el pasado viernes, cuando se hizo pública la última.
Valmor, la Fórmula 1, y la visita del Papa Benedicto XVI son símbolos de una época plagada de citas grandilocuentes que escondían, al parecer, algo más que progreso para el territorio valenciano. Sin contar con el bien conocido caso Gürtel, en el que el expresident no está imputado pero cuyo nombre ha resonado una y otra vez en cada una de las declaraciones de los cabecillas de la trama y de personas de su confianza. En València Extra hacemos un repaso a la maraña judicial a la que se enfrenta Camps.
Caso Valmor
"Ni un euro" costaría a los valencianos y valencianas, en palabras de Francisco Camps, la organización de los Grandes Premios de la Fórmula 1 en València entre 2008 y 2012. Pero todo indica que no fue así. Empecemos por el principio. Se encuentran imputados, además del expresident de la Generalitat, Belén Reyero y Nicolás Figueras, ex directivos de la compañía pública Proyectos Temáticos de la Comunitat (SPTCV), Dolores Johnson (ex consellera de Turismo, Deporte y Cultura), y Jorge Martínez 'Aspar' (ex piloto y empresario).La gran protagonista del tinglado es la empresa encargada de organizar los campeonatos, Valmor Sports SL, cuyos socios eran 'Aspar', Fernando Roig, y Bancaja. Según acredita la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en varios informes, esta sociedad fue creada con el único fin de enriquecer a determinadas personas. Y es que, la empresa privada ni si quiera al principio tenía el capital suficiente para hacer frente a sus gastos. Así que subcontrató a la empresa pública Circuito del Motor, que repartió contrataciones "a dedo".
Jorge Martínez 'Aspar' | @Di_Amador
Era Valmor la que tenía que pagar las facturas, pero esto nunca sucedió. Y la Generalitat Valenciana acabó absorbiéndola por un euro, el euro más sobrevalorado, porque la Administración valenciana también adquirió una deuda con terceros de 24 millones de euros y le perdonó otra deuda de 14,6 millones de euros. Del "ni un euro" a un pufo de más de 38 millones de euros.
Sin embargo, la presunta corruptela no acaba aquí. Para adjudicar los contratos sin expediente ni competencia, se crearon contratos ficticios a posteriori, y así dar una apariencia de legalidad a todas estas operaciones. En los correos rastreados por la UDEF, destaca el nombre de Desamparados del Valle, del departamento jurídico del Circuito del Motor. Estos mails también evidencian la connivencia del despacho Broseta Abogados para fabricar los expedientes falsos. No obstante, no aparecen como imputados en el caso.
Camps, imputado desde inicios del pasado mes de diciembre, tendrá que acudir a declarar el próximo 18 de mayo sobre las negociaciones previas para traer a València los Grandes Premios y sobre el agujero en las arcas públicas que provocó la adquisición de Valmor. Está acusado de un delito de prevaricación y otro de malversación.
Posibles sobrecostes millonarios en la F1
Francisco Camps | @inf24Además del caso Valmor, la justicia ha abierto otra causa judicial contra Camps, por presuntas irregularidades en el diseño y en la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1. Fue a principios de este mes cuando el Juzgado de Instrucción número 17 de València imputó al ex dirigente del PP, pero también a su ex conseller de Infraestructuras, Mario Flores y al entonces número dos de esta Conselleria, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui. También ingenieros y responsables de empresas están imputados.
Fueron los impulsores de un circuito que costó cerca de 100 millones de euros cuando la inversión inicial prevista era de 60 millones. Por eso, la Conselleria de Infraestructuras pidió un crédito de 60 millones de euros que empezó a amortizar en 2016, nueve años después. Esto cuesta anualmente 7,5 millones a las arcas públicas, que pesarán sobre el presupuesto valenciano hasta 2023.
Además, este procedimiento investiga si la adjudicación de estos contratos también se hizo a la carta, como parece que sucede en el caso Valmor. Y aquí también se han detectado cambios de fechas en diversos documentos intervenidos. Uno de los contratos que se encuentra en tela de juicio es de la obra de conexión de la Alameda-Avenida de Francia-Puerto y Acondicionamiento de la Marina Real en 2007 y 2008. Asimismo, la policía investiga un viaje del exconseller Flores y su número 2 a Dubai y Bahrein.
OBRAS DEL CIRCUITO |
42,9 millones |
MARINA REAL |
24,9 millones |
BOXES |
22,3 millones |
GASTOS FINANCIEROS |
7,3 millones |
VIGILANCIA |
0,6 millones |
TOTAL |
98,0 millones |
La visita del Papa en 2006
Esteban Escudero y el Papa Benedicto XVI | @podembcnDoce años después, Camps se ve salpicado por la visita del Papa Benedicto XVI en 2006 por el V Encuentro Mundial de las Familias celebrado en la ciudad de València. Y es que el pasado viernes salía a la luz esta investigación que se lleva a cabo desde 2016 por orden de la Audiencia Nacional. Imputados se encuentran Francisco Camps; el expresidente de les Corts Valencianes, Juan Cotino; y el obispo auxiliar de València, Esteban Escudero. También podemos encontrar en esta lista al ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; el exconcejal de València Enrique Pérez Boada; y Antonio Corbí, secretario del arzobispado.
Se trata de una pieza separada del caso Gürtel. Y es que, el juez instructor vio tantas irregularidades que decidió investigarlo por separado. Así que vayamos al grano. La fundación organizadora del Encuentro estaba formada por la Generalitat, el Ayuntamiento de València, la Diputación y el Arzobispado de la ciudad. De esta forma, en la junta rectora se encontraban Camps, Rita Barberá, Victor Campos y el arzobispo fallecido Agustín García-Gasco.
La factura de este acto asciende a 22,2 millones de euros. Y, aunque los organizadores insisten en que la mayoría de los gastos se autofinanciaron; otros informes de la Intervención de la Generalitat detectaron "irregularidades", "incertidumbre" e "incumplimientos" de la Ley. Todo esto a pesar que la fundación se negó a facilitar sus cuentas de entre 2005 y 2009. Y como en los demás procedimientos, la marde del cordero son los contratos. Aquí, la Intervención no tiene constancia de que existiesen contratos.