La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas contará con los colegios de administradores de fincas para que se incorporen a la sede judicial electrónica de la Comunitat Valenciana.
Este proyecto -que está desarrollando el departamento que dirige la consellera Gabriela Bravo en todos los partidos judiciales de las tres provincias- permitirá a los administradores de fincas, en su papel como operadores jurídicos, realizar los trámites que permite el sistema informático en los juzgados valencianos.
El secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades, ha anunciado la medida en la inauguración de la cuarta edición del Curso 'Francisco Brotons' organizado por los colegios de Administradores de Fincas de Valencia, Castellón y Alicante en presencia de sus presidentes José Sales y Eliseo Mogica, así como de la directora del encuentro formativo, Asunción Rausell.
En las jornadas participan 350 profesionales de esta disciplina de toda España y cuentan también con ponencias de carácter eminentemente jurídico a cargo de magistrados, decanos de otros colegios profesionales relacionados con esta disciplina, notarios, registradores de la propiedad y juristas de reconocido prestigio.
Según ha explicado el secretario autonómico, la actualización de los conocimientos jurídicos "es imprescindible para ejercer con las garantías necesarias el papel de intermediación entre la ciudadanía y la administración de Justicia, sobre todo por lo que conlleva un tema especialmente sensible como es la propiedad inmobiliaria en un país donde la cultura de la propiedad está tan arraigada y ligada a la vida cotidiana".
Además, Ferran Puchades ha destacado el papel "cada vez más relevante" de los administradores de fincas en la mediación entre propietarios "para resolver satisfactoriamente conflictos diarios sin la necesidad de llegar a la intervención de juzgados y tribunales".
Por último, Puchades ha emplazado tanto a la organización del curso como a sus participantes a que transmitan a la Generalitat "aquellas propuestas, sugerencias, recomendaciones o reclamaciones que permitan profundizar en los niveles de colaboración con la Administración porque eso redundará en una mejora de la calidad de los servicios públicos".