La diputada de Inclusión Social, Rosa Pérez Garijo, ha considerado “escalofriantes” las cifras de inversión en servicios sociales analizadas en el XXIII Congreso Anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, entre las que destacan las de seis consistorios valencianos cuyo gasto en esta partida es inferior a 36 euros por habitante y año, y ha expresado la voluntad de la delegación que encabeza por “trabajar para que la nueva Diputación asuma el más elevado compromiso en este respecto”.
“Desde la Delegación de Inclusión Social somos conscientes de las nefastas consecuencias que sobre las personas y la sociedad en general comporta esta falta de inversión en servicios sociales y apostamos por hacer un esfuerzo presupuestario para enderezar la situación”, ha aseverado Rosa Pérez en respuesta a este análisis, que refleja “la terrible situación que sufre el sistema público de servicios sociales en el ámbito municipal en general y, especialmente, el de los municipios de la provincia de Valencia”.
Según los datos extraídos por la Asociación a partir de los presupuestos de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, Alboraya, Algemesí, Bétera, Oliva, Paiporta y La Pobla de Vallbona son “oficialmente pobres” en servicios sociales: sus presupuestos son inferiores al 60% de la media de los del conjunto de consistorios del mismo tamaño. En concreto, estos seis ayuntamientos tienen un gasto inferior a 36,09 euros por habitante y año.
A ellos se les suman, además, los ayuntamientos que se pueden considerar precarios debido a su gasto inferior a 50 euros por habitante y año en la partida de servicios sociales: Requena, Crevillent, Moncada, Aldaia, Picassent, Catarroja, Llíria, Sagunt, Xàtiva y Manises.
Aunque la comparativa entre los años 2015 y 2016 deja entrever una ligera mejora en la inversión en materia de servicios sociales en todos estos municipios, los niveles de los que se partía eran “verdaderamente bajos, dejando patente la dramática situación de los servicios sociales municipales, uno de los ámbitos más perjudicados como consecuencia de las políticas de austeridad ejecutadas con la excusa de la crisis que sufrimos desde 2008”, ha criticado la diputada.
En este sentido, la Delegación de Inclusión Social ha realizado ya esfuerzos presupuestarios para enderezar la situación, como incrementar en un 20% la financiación de la Diputación en Servicios Sociales municipales respecto al presupuesto anterior. Este porcentaje global se materializó en un aumento del 24% en la asignación al programa “Equipo social base”, un 33% en el de Intervención Social y un 17,5% en el Servicio de ayuda a domicilio.
“Hace falta aumentar progresivamente la inversión, puesto que para nosotros, poner a las personas en el centro de las políticas públicas y trabajar por la igualdad implica un compromiso ideológico que ha de ir acompañado de la correspondiente distribución de los recursos por la vía presupuestaria. En este sentido, nos comprometemos a trabajar duro para que la nueva Diputación asuma el más elevado compromiso en este respecto y, de esta manera, caminemos hacia una sociedad más justa y cohesionada”, ha explicado la diputada.