El Gobierno de Mariano Rajoy anunció el pasado viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad por artículos de las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda de la Generalitat Valenciana, aprobadas en les Corts en enero. Según el Gobierno, algunos artículos de estas legislaciones invaden competencias estatales.
La primera obliga a la Generalitat a garantizar suministros básicos a las familias en emergencia social y establece un procedimiento previo al corte de suministro por parte de las empresas energéticas. Según el Ejecutivo, este procedimiento, y otras medidas de la ley, contradicen las condiciones previstas en la ley estatal.
La segunda, de función social de la vivienda, incurre en extralimitación competencial en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil y planificación general de la actividad económica, según el Consejo de Ministros.
El último de varios intentos de impugnación al Constitucional
No obstante, no es la primera vez que ocurre esto. El Gobierno central impugnó un decreto de la Generalitat que regulaba el acceso universal a la sanidad en la Comunitat. Fue un intento fallido, porque el Constitucional acabó defendiendo este decreto al considerar que no se puede anteponer un supuesto ahorro económico a la salud de las personas.También el Gobierno consideró inconstitucionales partes de las leyes valencianas de parejas de hecho y la de custodia compartida. Ambas, finalmente, fueron recortadas por el Tribunal Constitucional al admitir las razones del Ejecutivo.
Otro ejemplo: la ley valenciana que permite revocar a senadores territoriales. Aprobada en octubre de 2016, fue a finales de julio de este año cuando el Consejo de Ministros también interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de esta legislación. En septiembre el Tribunal Constitucional lo admitió a trámite y todavía no hay ninguna resolución.