El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado por completo el decreto-ley de la Generalitat de sanidad universal, al considerar que se excede en las competencias del gobierno autonómico. De esta forma, este quedará sin efecto, dos años después de su aprobación.
Fue poco después de entrar en la Generalitat, en 2015, cuando el Consell dirigido por Ximo Puig anunció la aprobación de esta norma que implantaba la universalidad de la atención sanitaria. En octubre de ese año el Ejecutivo de Mariano Rajoy la recurrió ante el Constitucional y ahora, este la deja sin efecto alguno. Y es que en 2012, el Gobierno estatal había aprobado otro decreto que recortaba este acceso universal a la sanidad.
La sentencia del Constitucional asegura que el decreto de la Generalitat "amplía la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal", por lo que "debe declararse inconstitucional y nulo por vulneración del art. 149.1.16" de la Carta Magna.
Dentro del tribunal hay varias discrepancias. Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer no coinciden con las razones que se dan en el fallo, y Antonio Narváez no está de acuerdo con la decisión. Siete votos a favor frente a los cinco votos en contra de la anulación han decantado la balanza.
Las reacciones en les Corts
La noticia ha saltado mientras los diputados y diputadas de les Corts debatían sobre los Presupuestos de la Generalitat, y se ha colado entre los discursos de última hora. Al finalizar el debate, los partidos se han pronunciado al respecto.Desde Compromís, Isaura Navarro ha recordado que la anulación "no es por el contenido", sino por "las competencias". "Nos están diciendo que no somos competentes para atender a todo el mundo en la sanidad pública", ha recalcado. Para el grupo, se necesita encontrar una forma para continuar aplicando la sanidad universal, a pesar de la anulación por un Tribunal Constitucional "politizado y usado por el Partido Popular".
El diputado del PP, José Juan Zaplana, ha explicado que "quien anula el decreto es el Tribunal Constitucional" porque es "ilegal y anticonstitucional". "Y esto no lo dice el Partido Popular", ha aclarado. Además, ha aprovechado para pedir la dimisión de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, por fracasar en su proyecto estrella y por incumplir su promesa de realizar auditorías a los departamentos de salud concertados.