Compromís votará «no» a la prórroga del estado de alarma si el Gobierno no equipara la inversión entre las comunidades para hacer frente a la pandemia mediante los fondos europeos

Baldoví: «El Govern reconeix que el repartiment que fa als territoris per a sanitat, educació i serveis socials és tremendament injust però el continua fent en cada ajuda per a frenar la pandèmia»

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El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha anunciado que la formación valenciana condiciona su voto a la prórroga del estado de alarma a que el Gobierno equipare la inversión en las Comunidades Autónomas más empobrecidas para que puedan hacer frente a las consecuencias de la pandemia a través de los fondos europeos.

Compromís ha hecho publica su última propuesta para que el Gobierno cree, a través de los recursos del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, un Fondo de Nivelación que equipare a las cinco Comunidades Autónomas por debajo de la media en financiación por habitante a la media española, Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Galicia.

Baldoví propone que el Gobierno distribuya2.337 millones de euros para que los territorios peor financiados puedan hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica en igualdad de condiciones: «Compromís es el único partido que está negociando algo que es de justicia social y no un ‘¿que hay de lo mío?’, estamos hablando de igualdad de derechos independientemente del territorio donde se viva».

«Estamos intentado por todas las vías posibles y hasta el último minuto que el Gobierno entienda que hay territorios que partimos de una situación muchísimo peor, lo intentamos con el fondo creado para las autonomías y lo rechazaron, ahora lo intentamos a través de los fondos europeos y esperamos que el Gobierno actúe con justicia. No contaran con mi voto para perpetuar un sistema que hace que los hospitales valencianos estén en peores condiciones que los demás», ha explicado el portavoz valencianista.

Compromís también exige que se respeten las competencias de las Comunidades Autónomas y que cualquier territorio pueda gestionar el Ingreso Mínimo Vital a través de un convenio con el estado, desde el momento en que se ponga en marcha.

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