La diputada de Compromís en las Corts, Nathalie Torres, ha presentado una propuesta para que desde el Consell se inste al Estado español a solucionar, "de manera urgente, la condición de miles de personas interinas que se encuentran en situación de abuso y en fraude de ley en la Administración pública".
Según Torres, "esto mismo es lo que ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del pasado 19 de marzo. Y ahora le corresponde al Gobierno del Estado buscar soluciones a este problema. Y lo tiene que hacer con diálogo con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas, como no puede ser de otro modo".
"Esta sentencia interpela al Gobierno español para que tome medidas efectivas a fin de evitar y, si procede, sancionar el uso abusivo de contratos de trabajo sucesivos de duración determinada. Entre otras cuestiones, también reconoce la garantía de proteger a los trabajadores que ocupan durante muchos años un lugar de interino, así como a quien no se le ha asignado una plaza vacante y definitiva por la inexistencia de un proceso de selección".
"Actualmente, casi una tercera parte de los 2,6 millones de empleados públicos que hay en el Estado español están en situación de temporalidad. Concretamente, son un total de 800.000 personas que trabajan con profesionalidad y vocación de servicio público, pero que no han podido estabilizar su situación laboral en la administración por causas ajenas a su voluntad, mayoritariamente", ha explicado.
"Pero las causas del aumento de la temporalidad y la imposibilidad de estos trabajadores y trabajadoras de consolidar sus plazas hay que buscarlas en las políticas de austeridad que desarrollaron los distintos gobiernos estatales, muchas de las cuales todavía continúan en vigor. Un claro ejemplo es la tasa de reposición aprobada a través del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ratificada posteriormente por las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado, la cual limita el porcentaje máximo de puestos de trabajo que se pueden sacar en las ofertas de ocupación pública, condicionado al número de personas que se jubilan anualmente".
"Se calcula que, a partir de la entrada en vigor de esta tasa, se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo en la función pública y, además, el porcentaje de temporalidad no ha dejado de crecer desde su entrada en vigor en el año 2012".
"La Administración pública no se puede permitir esta situación, no solo por la injustificable precarización causada al personal a su servicio, sino también porque tendría que ser referente en la creación de puestos de trabajo de calidad. El objetivo por lo tanto está claro: por un lado, hay que acabar con esta situación de fraude de ley y de inseguridad de las trabajadoras y los trabajadores públicos; y, por otro lado, hay que reducir la temporalidad en la Administración", ha concluido la diputada de Compromís, Nathalie Torres.