Por primera vez, entre 80.000 y 100.000 ciudadanos con diversidad intelectual serán llamados a las urnas para decidir el Gobierno de España y el de la Comunidad Valenciana. El próximo 28 de abril, y gracias a la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG), aprobada el pasado mes de noviembre en el Senado, los jueces ya no tendrán la potestad de decidir si una persona con diversidad puede o no participar en las elecciones, ya que todos tendrán garantizado el derecho a ejercer su voto.
Una modificación de la ley que supone un avance en la inclusión de las personas con diversidad intelectual, pero que se ha visto empañada por la Instrucción enviada, el pasado 18 de marzo de 2019, por la Junta Electoral Central (JEC), en la que insta a los miembros de cada mesa electoral a crear una especie de listas con los datos de las personas que, de manera subjetiva, consideren que no están ejerciendo el voto de manera consciente, libre y voluntaria.
De esta manera, pese a que no podrán impedir el sufragio, desde la Junta Electoral Central se otorga, tanto a las mesas electorales, como a los apoderados de los partidos políticos, la potestad de reflejar en el acta de la sesión los datos de aquellas personas que consideren que no está realizando su derecho a voto libremente.
Ante esta instrucción, desde la formación política de Compromís han presentado un escrito ante la JEC para pedir que se resuelvan cuatro incógnitas fundamentales: cuál es la finalidad concreta de “inscribir en una lista identificativa a aquellas personas que, a su juicio, no ejerzan el voto de forma libre, voluntaria y consciente”; quién tendrá acceso a esa lista y quién custodiará la información recabada para salvaguardar el derecho a la intimidad y al honor de los votantes, así como al “tratamiento confidencial de sus datos y circunstancias personales; y cuál es el propósito para adoptar esta medida.
Asimismo, exigen que se comunique cuáles serían los criterios por lo que “algún miembro de la mesa o cualquier apoderado presente en el local electoral pueda determinar qué personas no están ejercitando su derecho constitucional de forma consciente, libre y voluntariamente”, ya que, de lo contrario, tal y como apuntan desde Compromís “quedará al precario arbitrio de los miembros de la mesa y apoderados, entre cuyas funciones no está la de hacer ninguna valoración de los votantes”.
Por el momento, no se ha recibido respuesta por parte de la Junta Electoral Central, que ya tuvo que rectificar la Instrucción enviada el 11 de marzo para modificar expresiones controvertidas. Así, el 18 de marzo volvieron a enviar una nueva Instrucción evitando el señalamiento específico de las personas con diversidad, pero que para Compromís sigue sin aclarar el motivo de esta actuación que, consideran, otorga “un trato diferenciado a partir de una apreciación subjetiva que resulta contraria a derecho” y que, además, “no tiene ningún soporte legal y puede comportar una situación de discriminación”.