En sesión extraordinaria y urgente el Consejo Local Agrario de Carcaixent ha debatido sobre la Ley 7/2022, que prohíbe a todos los efectos la crema de los restos de la poda en la agricultura sin contemplar la casuística particular de determinadas agriculturas. Así mismo ha manifestado que la redacción de determinados artículos de la Ley inducen a confusión, tal como también ha denunciado los sindicatos agrarios o la misma administración valenciana.
Por eso, los diferentes miembros del Consejo han criticado la ley y la entrada inmediata en aplicación, sin prever la mínima transición. El posicionamiento ha sido contrario y firme, porque la ley en la práctica cuestiona el uso del fuego como sistema de eliminación de restos agrícolas; y esta prohibición sin una transición gradual y una programación realista, la hace imposible de aplicar en cuanto que no existen a priori alternativas que puedan, por ejemplo, servir para eliminar materia vegetal de ribazos o haga viable técnica y/o económicamente otra alternativa inmediata.
Es una ley que complica todavía más la situación del campo valenciano, y se muestra ineficiente por la imposibilidad de aplicarse en explotaciones agrarias de escasa dimensión, muchas de ellas situadas en territorios de dificultad orográfica, como el nuestro, donde las explotaciones se estructuran en abancalaments de escasa anchura que tienen que ser protegidos para evitar la erosión.
Al si del Consejo se ha dejado claro que la crema de rastrojos y la crema de restos de poda se emplea no solo para mantener una adecuada sanidad vegetal, sino para prevenir una acumulación de material combustible que podría desencadenar incendios graves. Del mismo modo hay el hecho que por ahora todavía no existe una cadena de gestores de residuos agrícolas autorizados bastante adecuada y capilar territorialmente para dar el alcance y respuesta a todos los restos agrícolas que actualmente se producen dentro de la actividad. Tampoco una economía asociada al transporte y tratamiento de estos residuos que haga económicamente viable esta transformación.
Se reconoce que se tiene que evolucionar hacia la racionalización de las cremas y métodos de descomposición triturados, pero no es menos cierto que la prohibición absoluta supone a corto plazo inseguridad y perjuicios incapaces de asumir para el sector agrario.
En base a todos estos argumentos, en el próximo plenario municipal, previsto para el 25 de mayo, se debatirá una moción institucional para instar en el gobierno de España a:
• Revisar la prohibición de las cremas agrícolas, y no considerar los restos de poda dentro del ámbito agrícola y silvícola como residuos sino como subproductos generados por la actividad agraria.
• Adoptar medidas transitorias hasta el momento en que la revisión/modificación de la ley entro en vigor. Mientras tanto, y de manera urgente, emitir una nota interpretativa que contemplo un periodo transitorio y la excepcionalidad de los restos de la poda agrícola. Y esto atendiendo a la disposición transitoria cuarta de la ley, para permitir un periodo transitorio para cuando la actividad se pueda considerar autorizada, por ejemplo y en concreto, para las entidades locales que cuentan con un plan local de cremas. Y además, que la citada nota interpretativa resuelva la posible contradicción del articulado y clarifico cuando los restos agrícolas tienen que considerarse "residuos" y cuando estas se consideran "de utilidad" en la actividad agrícola.
• Apoyar a las medidas de la Consellería de Agricultura y Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana para promover alternativas a las cremas, e instar en el gobierno de España a establecer líneas de ayudas en el ámbito estatal porque las entidades locales puedan adquirir maquinaria y recursos para el tratamiento de los restos agrícolas, y analizar otras medidas de racionalización de las cremas dependiendo de las condiciones atmosféricas.
• Pedir a las diferentes administraciones con competencias legislativas porque trabajan de manera coordinada con el sector agrario en la hora de promover cualquier modificación normativa que le puedan afectar.
Paco Salom, alcalde de Carcaixent y presidente del Consell Local Agrario, ha manifestado que «esta Ley de residuos tiene objetivos muy interesantes, pero ha errado de manera clara en la hora de concretar su aplicación en el sector agrario, y si no se modifica tendrá graves consecuencias para el sector. Por eso hace falta celeridad y que el Ministerio de Transición Ecológica corra no solo para publicar la nota esclarecedora que piden sindicatos y productores, sino también para reformar la misma ley. En caso contrario será un ataque más en el campo valenciano, que a estas alturas ya está en una situación muy crítica».