El nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva, una infraestructura clave para el futuro de la capital de la Costera, sigue dando pasos hacia adelante. La Generalitat ha aceptado la cesión gratuita de parte del Real Monasterio de Santa Clara para destinarlo a la construcción de una nueva sede judicial en la ciudad, tal y como estaba planificado.
Concretamente, la cesión de 1.517 m² de superficie, realizada por el Ayuntamiento mediante mutación demanial, se ha aprobado por un periodo de 50 años. Con esta cesión se pone a disposición de la Generalitat el inmueble libre de cargas, gravámenes y al corriente de cualquier gasto.
El área que encabeza Gabriela Bravo tiene previsto destinar un total de 11 millones de euros a trasladar los juzgados de la capital de la Costera desde su ubicación actual en el Palacio de Alarcón al antiguo convento de Santa Clara, concretamente la parte que da a la Avenida Selgas.
La Generalitat mantendrá la titularidad del bien mientras continúe afectado al uso o servicio público que motivó la mutación y, por lo tanto, conserva su carácter demanial. En caso de no destinarse al uso o servicio público o dejara de destinarse posteriormente, revertirá a la administración transmitente, y se integrará en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones. Esta parte del Real Monasterio se incorporará al Inventario General de Bienes y Derechos de la Generalitat en concepto de bien de dominio público destinado al servicio público de administración de justicia y adscrito a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.
Unas instalaciones accesibles y funcionales
El nuevo Palacio de Justicia, que atenderá a una población estimada de más de 87.000 personas de 26 municipios, mantendrá los cuatro juzgados de instrucción y el resto de órganos que actualmente operan en el Palacio de Alarcón, pero ofrecerá unas instalaciones accesibles, funcionales y mucho más cómodas para las personas usuarias y para sus trabajadores y trabajadoras.
En este espacio se incorporará un nuevo servicio de mediación judicial así como cuatro despachos para fiscales, la Clínica Médico Forense, el Gabinete Psicosocial Comarcal, la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y la Unidad de Valoración Forense Integral. También contará con archivos, calabozos y una cámara Gesell para atender a menores. Además, se reservará espacio por si es necesario ampliar las instalaciones en el futuro.
La Generalitat ha presupuestado la inversión en 11 millones de euros, pero será el Ayuntamiento el que deberá asumir el desmontaje de la oficina de Turismo y la restauración y protección de la antigua muralla, próximas a la zona donde se actuará.
Tras el anuncio de la Conselleria de aceptar la cesión, el próximo paso es sacar a licitación la redacción del proyecto, un proyecto que se espera que sea una realidad en el año 2026.
Plan de Infraestructuras Judiciales
La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con un total de 60 inmuebles destinados a uso judicial. En muchos de ellos es complicado optimizar los espacios y adecuarlos a las más modernas concepciones de los edificios de servicio público. A veces incluso es complicada la renovación del equipamiento de los centros de trabajo. En general los sistemas de climatización e iluminación han quedado obsoletos y precisan de una intervención para alcanzar los estándares de eficiencia energética.
Por ello, se ha impulsado el Plan de Infraestructuras Judiciales, en el que se busca convertir estos espacios en funcionales y eficientes para que posibiliten desarrollar adecuadamente la actividad judicial y garanticen el acceso en condiciones de igualdad a la Justicia así como la protección de los derechos, en especial de las víctimas de cualquier delito. En 2022, este plan supondrá una inversión de 68,4 millones de euros.
Asimismo, desde la Generalitat se trabaja para disponer de un Plan de Justicia Inclusiva y Accesible en el cual está previsto actuar en un total de 33 sedes judiciales, con una inversión de 6,1 millones de euros, para eliminar todas las barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas que obstaculizan o dificultan el acceso a los tribunales para las personas con diversidad funcional.