Los municipios de l’Horta Sud recibirán 16.571.932 euros de la Diputació de València en el marco del Plan de Inversiones 2022-23. Por municipios, Mislata, Aldaia y Xirivella superan el millón de euros en un plan inversor que incluye a la Mancomunitat de l’Horta Sud con 471.000 euros. A esta cantidad habrá que sumar la que reciba Torrent que, al ser una ciudad de más de 50.000 habitantes, tiene una convocatoria especial.
La Diputació de València ha presentado este lunes, ante más de 200 alcaldes y alcaldesas de la provincia, la propuesta de Plan de Inversiones para este año y el próximo, con una dotación de 140 millones de euros que refuerza la apuesta por la autonomía municipal y la liquidez que necesitan los ayuntamientos para mejorar infraestructuras y servicios. Tras la experiencia de los últimos años, la principal novedad del plan bienal es la reducción de la burocracia con la posibilidad de que sean los técnicos locales quienes visen los proyectos con el fin de agilizar la tramitación y posterior ejecución de las obras.
En la fórmula para repartir esas ayudas es novedad los incentivos para los ayuntamientos que cuentan con planes de igualdad municipales, parajes naturales y zonas verdes, criterios que se suman a otros ya incluidos en el plan como la tasa de desempleo, la existencia de núcleos históricos con valor patrimonial o el esfuerzo fiscal de los consistorios.
Los criterios que justifican las cantidades finales incluidas en la propuesta de Plan de Inversiones de la Diputació, con una parte fija, prorrateada de forma equitativa entre los 264 entes locales, que supone alrededor de un 35% de los 140 millones de euros. Además, otro 30% de la ayuda se concede en función de la población y el 10% según la superficie.
El resto de la cantidad asignada a cada ayuntamiento depende de criterios como el coste por la prestación de servicios públicos; la puesta en marcha de planes de movilidad sostenible; y la existencia de planes de igualdad y zonas verdes municipales, de cuya valoración depende un 5% y un 2% respectivamente de la aportación final a cada población. Otra de las novedades es que los consistorios podrán destinar hasta un 1,25% de la cantidad que reciban a la elaboración de un plan antifraude, de carácter voluntario.