El Ayuntamiento de Catarroja ha solicitado nuevamente a la Mancomunidad de l'Horta Sur que se pronuncio sobre la legalidad del sistema de foto-rojos instalado a la población en 2014. Lo ha hecho hoy mismo, después de que el Tribunal Supremo haya anulado una multa a un conductor al considerar que el sistema necesita control metrológico.
El consistorio pide a la Mancomunidad que se paralizo cautelarmente el proceso sancionador hasta que se decida si se puede rescindir el contrato con la empresa concesionaria, sin que esto supongo una importante indemnización.
Precisamente, fue el Ayuntamiento quien presentó un recurso de casación al Supremo para aclarar cuál es la doctrina jurídica adecuada después de que varios juzgados del Contencioso-Administrativo emitieran sentencias contradictorias en relación a los recursos presentados por los conductores sancionados. Ahora el tribunal anula una sanción, puesto que afirma que el dispositivo realiza medición lumínica, a pesar de "no estar sujete a control metrológico".
El equipo de gobierno se muestra "satisfecho", puesto que gracias a su iniciativa ahora "hay motivos suficientes para estudiar la desconexión de las cámaras y la rescisión del contrato con la empresa concesionaria, después de que esta haya incumplido reiteradamente los requerimientos del Ayuntamiento. Es por eso, que solicita una vez más a la Mancomunidad, el organismo que firmó el contrato, que se pronuncio ante el nuevo escenario.
Iniciativas del Ayuntamiento
El recurso de casación es sólo una de las iniciativas de la batería de acciones que el consistorio ha tomado, desde que en junio de 2015 tomó posesión el actual equipo de gobierno y se encontró con un contrato firmado en 2014 por la Mancomunidad, al cual se había adherido la población, sin ningún informe policial. El documento supuso la instalación de seis cámaras que, sin previo aviso, empezaron a generar miles de denuncias para botarse los semáforos en rojo.A partir de ese momento, el Ayuntamiento pidió informes a la Mancomunidad de l'Horta Sur, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y a la misma secretaría del consistorio para aclarar si el sistema instalado cumplía con la legalidad y si necesitaba controles metrològics. Ninguno de estos organismos avaló la rescisión del contrato con la concesionaria, puesto que los dispositivos jodo-rojos "están excluidos del ámbito del control metrològic del Estado", tal como certificó en junio de 2016 el Centro Español de Metrología, al cual el Ayuntamiento también pidió un informe.
Así mismo, el equipo de gobierno también ha exigido reiteradamente a la empresa que redujera el número de cámaras y modificara su ubicación, tal como prevé el contrato, una petición que la concesionaria no ha cumplido. Es por eso que el consistorio solicitó los informes pertinentes ante el incumplimiento de contrato. Ningún documento ha concluido que se podía rescindir la relación contractual de manera unilateral, sin tener que pagar una importante indemnización.
Requerimientos a la empresa concesionaria
Por otro lado, el alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, dejó de firmar las sanciones ante la disparidad de criterios de los juzgados en relación a los recursos interpuestos por los conductores sancionados, pero, nuevamente, un informe de la secretaría municipal, advirtió que esta decisión no se ajustaba a la ley y se vio obligado a retomar el proceso sancionador.Monzó también solicitó a la Dirección general de tráfico que no retirara los puntos a los conductores sancionados, puesto que esto es competencia de la DGT. Finalmente, a partir de un informe de la policía local, el consistorio aumentó la duración de la luz amarilla de los semáforos para facilitar que los vehículos pudieran transitar con seguridad.
Ante el nuevo escenario después de la sentencia del Supremo, el Ayuntamiento continuará trabajando para desconectar las cámaras y rescindir el contrato, "siempre que los informes técnicos garanticen que los ciudadanos y ciudadanas de Catarroja no tengan que pagar una elevada indemnización en la concesionaria". "No creemos que aquellos y aquellas que respetan las normas de circulación tengan que sufragar un gasto muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de conductores que se han botado semáforos en rojo". Es por eso que el consistorio ha pedido nuevamente a la Mancomunidad de l'Horta Sur que se pronuncio, puesto que "es este organismo quien firmó el contrato de los foto-rojos". En todo caso, el Ayuntamiento no renovará el servicio después de que el contrato finalizo en diciembre de 2018.