La portavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha anunciado que ha exigido por escrito que todas las declaraciones de la comisión de trabajo creada en el seno de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para investigar la estafa de cuatro millones de euros se remitan al juzgado que investiga el fraude y al Tribunal de Cuentas.
"Queremos que toda esa información obre en los dos tribunales para que se esclarezca si hay contradicciones entre los declarantes", ha afirmado Catalá, quien ha subrayado que han sido los consejeros del PP, Carlos Mundina y Marta Torrado, "los únicos que ya han constatado esas primeras contradicciones".
Por este motivo, se solicitó, con el respaldo del resto de grupos, que este miércoles vuelvan a declarar tanto el gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, y la directora de Gestión, María Rayón, según ha informado el PP en un comunicado.
En este sentido, ha apuntado que es "muy grave que ambos dijeran en la comisión que existían protocolos y había una conciliación diaria y después en sede judicial lo negaran".
Por eso, este miércoles han enviado cuatro escritos (al alcalde como presidente de la Junta General de Accionistas; al presidente de la EMT; a la presidenta de la Comisión de Trabajo y al secretario de la misma) "exigiendo que se remita copia de toda la documentación al Juzgado y al Tribunal de Cuentas".
"A nosotros no nos dan copia de las declaraciones", ha denunciado la portavoz 'popular', quien ha subrayado que es "importante llegar hasta el final de estas cuestiones, hasta la última responsabilidad contable, jurídica y política y no vamos a permitir que nadie evada sus responsabilidades".
En esta línea ha subrayado que el presidente de la entidad y concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, "debe dimitir porque una estafa de cuatro millones de euros exige que se asuman responsabilidades políticas".
NUEVAS DILIGENCIAS
Por otra parte, ha anunciado que los consejeros del PP, Carlos Mundina y Marta Torrado, como acusación 'popular', han solicitado al juzgado nuevas diligencias, como exigir toda la documentación obrante en la Comisión de Trabajo, registro de llamadas de la EMT y el banco, y todos los accesos realizados a través de la banca electrónica desde el 14 de agosto hasta el 20 de septiembre detallando el usuario, fecha, hora, tiempo de conexión y dispositivo desde el que se accede.Asimismo, Catalá ha denunciado que Compromís y el PSPV quieren cerrar de "manera exprés" la comisión. "Los socialistas presentaron una propuesta de comisión de seis meses y ahora la quieren cerrar tres meses antes negándonos declaraciones de expertos periciales informáticos o responsables policiales, o el director de la Agencia Valenciana Antifraude".
Por último, ha criticado que no se haya facilitado a los miembros del consejo de Administración el escrito y toda la documentación enviada al Tribunal de Cuentas.