El Ayuntamiento de Ontinyent subirá en 2025 la tasa de recogida y transporte de residuos domésticos, por imposición del Gobierno de España. Así lo ha avanzado el concejal de Hacienda, Juan Pablo Úbeda, en una rueda de prensa de presentación de la propuesta de revisión de ordenanzas fiscales para 2025, que también afecta otros aspectos como la tasa de suministro domiciliario de aguas o el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Juan Pablo Úbeda explicaba que la Ley 7/2022 del Gobierno de España, basada en la "Directiva Marco de Residuos" de la Unión Europea, da a los ayuntamientos de todo el estado hasta el 8 de abril de 2025 para implantar la normativa a los municipios. Una ley, explicaba el concejal, "que obliga alos ayuntamientos a que la tasa que pasamos a los ciudadanos no sea deficitaria y cubra el 100% del coste del servicio a los ciudadanos y ciudadanas", y que en la práctica supondrá que la tasa en 2025 tenga un coste de 108 euros para la ciudadanía. Un aumento "que podría ser más grande, como pasará en otras poblaciones, y que no lo será gracias a la subvención europea que recibimos por importe de 1,5 millones de euros".
El concejal explicaba que "desde el gobierno municipal pensamos que el gobierno de España hubiera tenido que dejarnos a los ayuntamientos saneados que esta tasa la aumentásemos de manera progresiva a lo largo de los años, y nos continuara dejando asumir el déficit que produce el servicio", que en el caso de Ontinyent ha venido siendo de 500.000 euros anuales.
Úbeda lamenta que la ley impuesta por el Gobierno de España "no nos deja crear ningún tipo de instrumento fiscal que podamos aplicar a los ciudadanos y ciudadanas. Nos obliga a aplicar el 100% del coste del servicio, y lo único que podemos hacer a estas alturas es fraccionar el recibo de la basura en dos pagos, uno a principio y otro a final de año, y a la vez que puedan fraccionarse en 12 meses con la cuenta tributaria local, sin ningún tipo de interés, cosa que supondría pagar 9 euros al mes. Igualmente, se mantendrán las bonificaciones del 100%, 75% y 50% para las personas empadronadas con ingresos inferiores al 75, del 75 al 90 y del 90 al 100% del salario mínimo interprofesional, respectivamente.
"Injusticia fiscal" y falta de progresividad
La concejala de Sostenibilidad, Sayo Gandia, lamentaba que la Ley 7/2022 del Gobierno de España "sea contraria al principio de progresividad fiscal y aumente la desigualdad, puesto que no se basa en la capacidad económica de los contribuyentes. Por el contrario, los impuestos sobre la gestión de residuos son aplicados de manera uniforme, sin tener en cuenta el consumo, la generación de residuos o el nivel de renta de cada familia. Esto genera una distribución de la carga fiscal que es socialmente injusta. Sin embargo, como explicaba el concejal de Hacienda el equipo de gobierno aplicará beneficios fiscales a las rentas más bajas para que el impacto económico que impone el gobierno central sea menor".
En definitiva, explicaba la concejala, el Gobierno de Ontinyent "está totalmente en contra de esta normativa impuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, que en lugar de contribuir al fomento del reciclaje, está cargando de impuestos y tasas a la ciudadanía, articulando el 'basurazo' mediante los ayuntamientos. Ahora la tasa aumentó hasta los 108 euros, pero en Ontinyent al menos se ha podido neutralizar parcialmente su impacto, gracias a una subvención europea conseguida por el Ayuntamiento de Ontinyent de un total de 1.500.000 de euros. Pero la situación afecta a todos los municipios y generará muchos problemas".
Tasa de suministro de aguas e impuesto de construcciones
En la rueda de prensa también se abordaban la revisión de otras ordenanzas, como la tasa de suministro domiciliario de aguas y del importe de construcciones, instalaciones y obras. Respecto de la tasa de aguas, Juan Pablo Úbeda recordaba que el de Ontinyent "es uno de los ayuntamientos que más invierte para que todas las infraestructuras de suministro de aguas en la ciudad y en el diseminado sea lo más eficiente posible y no se produzcan escapes".
Por lo tanto, y a petición de Egevasa, se equilibró la tasa de la tarifa de inversiones con un aumento de 0,5 € al mes "para poder continuar haciendo todas aquellas obras de infraestructuras de modernización de agua potable para que los ciudadanos y ciudadanas no se vean perjudicados en un futuro ni económicamente ni tampoco por falta de suministro por no haber hecho las inversiones de modernización de las infraestructuras que se deben de hacer".
Respecto de la tasa de la ICIO, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el concejal recordaba que dentro de la apuesta del Gobierno Municipal por la rehabilitación se ha ido sacando unas bonificaciones del 95% del impuesto para obras inferiores a 60.000 euros, "que se pusieron en marcha en 2012 en plena crisis del sector de la construcción y que pensamos que ya han dado el rendimiento que tenían que dar". Ahora, lo que se propone es eliminar esta bonificación y destinar este dinero a aumentar la partida de ayudas a la rehabilitación en el presupuesto del año 2025, de las que podrán beneficiarse las obras de rehabilitación que se hayan hecho en 2024 y las que se hagan en 2025. Si bien estas son las principales novedades en la propuesta de revisión de ordenanzas, el concejal de Hacienda explicaba que además habrá algunas modificaciones de carácter técnico y jurídico para adaptarse a diferentes modificaciones legislativas que ha habido.