Los vecinos y vecinas de Carcaixent recibirán en los próximo meses una notificación muy importante: una comunicación del Ministerio de Hacienda, con la actualización de los valores catastrales de los inmuebles de su propiedad.
Y es que el gobierno municipal, en cumplimiento de un acuerdo unánime del Pleno, ha conseguido que la Gerencia Regional de Catastro elabore una nueva ponencia de valores catastrales, de forma que estos se adaptarán a la realidad actual del mercado inmobiliario, dejando atrás los que aprobó el Partido Popular en 2011, propios de la época de la burbuja inmobiliaria.
Así, los datos de que dispone el ayuntamiento suponen que para el conjunto del municipio la suma de los valores catastrales pasa de 869.403.278,70 euros a 578.685.832,90 euros, es decir, se reducen prácticamente en una tercera parte.
Ha costado mucho de tiempo conseguir esta nueva ponencia, puesto que la ley no permitía hacer una nueva ponencia hasta que no transcurrieron al menos debe años desde la aprobación del anterior. Con todo, desde que Compromís es el responsable de la gestión de la hacienda municipal habían sido múltiples las ocasiones en que se había puesto este tema sobre la mesa y varias las gestiones hechas ante Catastro. Ahora por fin estas gestiones han dado fruto, y los valores catastrales de los inmuebles de Carcaixent estarán de nuevo alrededor del 50% de su valor de mercado, y no, como en algunos casos, incluso por encima.
En palabras de Vicent Lluís Roca, Regidor de Hacienda, «es una satisfacción poder dar cumplimiento en varios acuerdos unánimes del pleno, y sobre todo poner fin a una situación injusta que hacía que los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad se vieron perjudicados, por ejemplo, en sus declaraciones de la renta, acceso a becas, y todos aquellos procesos en que se tuviera que tener en cuenta el patrimonio de las unidades familiares». Pero Roca alerta que «esta decisión comporta también un riesgo para las finanzas municipales, puesto que desaparece el margen de obtener recursos adicionales a través del IBI. De hecho, objetivamente el municipio se empobrece, y todo que los servicios de prestación obligatoria hoy están garantizados, es previsible una bajada en la recaudación municipal, que muy probablemente obligará en un futuro a ajustar las condiciones en que se prestan determinados servicios».