El área de Medio Ambiente de la Diputació de València ha subvencionado, a través de la estrategia Reacciona, la redacción de Planes Locales de Gestión de Residuos (PLGR) de 127 municipios y nueve mancomunidades entre 2020 y 2022. “Estos planes son esenciales para saber cuáles y cuántos residuos estamos produciendo y qué hay que hacer, de la mano de la ciudadanía, para lograr los objetivos fijados por el Plan Integral de Residuos autonómico”, explica Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació y responsable de Medio Ambiente.
Los municipios que acaban de recibir la ayuda, alrededor de 4.000 euros, son Quatretonda, Gavarda, Rocafort, Llombai, Palma de Gandía, la Pobla Llarga, Náquera, Alfauir, Beniflà, Domeño, Guadassuar, Fontanars dels Alforins, Daimús, Sollana, Piles, Rafelcofer, Picanya, Puçol, Alginet, Ador, Tavernes Blanques y Buñol, y las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipal de El Perelló y El Mareny de Barraquetes. Así mismo, la mancomunidad de la Ribera Alta ha recibido 14.000 euros.
Además del apoyo económico, el área de Medio Ambiente ofrece una guía metodológica para la elaboración de dichos planes. Se trata de una herramienta que permite homogeneizar su contenido y facilitar el trabajo de los equipos técnicos de las administraciones municipales y supramunicipales.
Implantación de los PLGR
En la segunda fase de la estrategia Reacciona 2022 se destinan 1.505.000 euros para la implantación de las acciones propuestas en estos planes, un importe que representa un incremento de 550.000 euros respecto al año pasado.
Esta subvención tuvo una gran demanda en 2021, ya que 32 municipios y siete mancomunidades fueron las entidades beneficiarias para poner en marcha actuaciones relacionadas con el compostaje doméstico y comunitario; la recogida puerta a puerta; la adquisición de maquinaria para el tratamiento o procesamiento de la paja del arroz para evitar su quema en el campo; el aprovechamiento energético de los biorresiduos para reducir, en origen, la fracción destinada a eliminación; la reducción de residuos, la reutilización de los productos o el alargamiento de su vida útil; y la implantación de sistemas de identificación del usuario que permita aplicar políticas económicas y fiscales a la ciudadanía. La cantidad máxima subvencionable es de 30.000 euros por solicitud.
Maria Josep Amigó afirma que “en dos años habremos invertido cerca de dos millones y medio de euros para impulsar los planes, de forma que le damos una continuidad a los documentos redactados y aprobados previamente por las entidades locales. En materia de residuos, los municipios también disponen de un servicio de educación ambiental desde las mancomunidades y del Observatorio En Ruta, dos iniciativas que lanzamos este año y que están teniendo muy buena acogida en nuestras comarcas”.