La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha afirmado este miércoles que la incorporación del requisito lingüístico para el acceso a la función pública se hará "de forma ordenada, con garantías y acordando los niveles con una proporcionalidad necesaria a la función que se desarrolla".
Así se ha pronunciado en respuesta a la pregunta parlamentaria formulada durante el pleno por el diputado de Ciudadanos Vicente Fernández sobre cómo influirá el requisito lingüístico en la Ley de Función Pública Valenciana.
Al respecto, la consellera ha explicado que la Comunitat tiene dos lenguas oficiales y tiene la obligación de garantizar "el servicio a la ciudadanía y que no haya ningún ciudadano que no pueda dirigirse a ella en su lengua", sea cual sea de las dos, y "acabar con la discriminación que muchos valencianos han sufrido".
El requisito, ha dicho, irá incorporado a la norma con rango legal y el desarrollo de los niveles para cumplir esa proporcionalidad se realizará a través del reglamento.
"A mí no me gusta hablar de requisito, me gusta hablar de derechos de la ciudadanía y la Ley de Función Pública va a garantizar que todos los valencianos puedan relacionarse con la administración en la lengua que deseen", ha indicado, para contestar al diputado que ese requisito "va a influir en tener una administración que estará trabajando al servicio de todos los valencianos, moderna y eficaz".
Ha recordado que la Constitución establece que nadie puede ser discriminado por razón de su lengua y "no se puede admitir en esta comunidad que haya un valenciano que se dirija a la administración y que no haya un funcionario que no pueda responderle en su lengua".
También ha señalado que la Llei d'Ús i Ensenyament garantiza que las relaciones con la administración serán en la lengua que la persona desee y que el Tribunal Constitucional "no ha declarado inconstitucional ninguna Ley de Función Pública" en Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares, donde esa capacitación lingüística se exige como requisito de acceso a la función pública.
El diputado de Cs, sin embargo, ha instado al Consell a respetar la Constitución en sus artículos 14 y 23 y ha apuntado que ese requisito es "un elemento discriminatorio entre aspirantes" a la función pública valenciana. "Se están plegando a sus socios nacionalistas", ha advertido, y "le están dando la espalda a los valencianos castellanoparlantes".