Bravo presenta el Foro para la Abolición de la Prostitución, que propondrá los cambios legales para erradicar este tipo de violencia de género

La consellera denuncia que, cada dia, en la Comunitat "8.500 homes paguen 762.000 euros per sexe amb una de les més de 10.000 dones que estan prostituïdes en les tres províncies"

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La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado este martes el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, una iniciativa que reunirá, a lo largo de este año, a entidades, personas expertas, juristas, administraciones e instituciones académicas que elaborarán un paquete de propuestas para acometer los cambios legales y las políticas asistenciales necesarias para erradicar "esta forma extrema de violencia contra las mujeres".

La inauguración ha contado también con la participación de Concha Hurtado, en nombre del Front Abolicionista, y con la directora de cine documental Mabel Lozano. A ella han asistido la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y la fiscal jefa del Tribunal Superior de Justicia, Teresa Gisbert, entre otras autoridades.

El Foro se articulará a través de dos grupos de trabajo que serán los encargados de proponer planes de acción para la erradicación de la prostitución. Las sesiones empezarán este mismo mes de marzo de forma que los informes con sus conclusiones estén disponibles dentro de un año.

El primer grupo será el de Garantía de los Derechos y Protección Socio-Asistencial que tratará sobre las necesidades de las víctimas para organizar y mejorar los recursos asistenciales.

El segundo grupo se encargará de estudiar las reformas del marco legislativo y hará un diagnóstico de la situación normativa actual como paso previo para proponer modificaciones legislativas (municipales, autonómicas y estatales) que permitan abolir la prostitución.

Además, entre las tareas de este foro estará la realización de dos grandes estudios de campo que permitirán radiografiar el fenómeno de la prostitución en la Comunitat Valenciana.

Uno de ellos lo hará la Universitat de València para conocer cuántas mujeres están en esta situación, su perfil económico, social y familiar o estimar el volumen de dinero que mueve esta actividad, entre otros parámetros.

El otro lo realizará la Universidad Miguel Hernández de Elche y se centrará en la percepción que la sociedad valenciana tiene sobre el fenómeno. Gracias a ambos se podrá definir mejor el problema para desarrollar los instrumentos legales y asistenciales para afrontarlo.

Además, se llevarán a cabo otras iniciativas como una gran campaña de sensibilización y educación ciudadana para concienciar, especialmente a los más jóvenes. También se pondrá en marcha, a través del Ivaspe, de cursos específicos en materia de prostitución y trata para las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Por último, también se profundizará en la mejora de los protocolos de coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en colaboración con la Delegación del Gobierno.

Gabriela Bravo ha denunciado que "hoy mismo, en la Comunitat Valenciana, 8.500 hombres pagarán 762.000 euros por sexo con una de las más de 10.000 mujeres que están prostituidas en nuestras tres provincias". Según la consellera, "estamos hablando de 278 millones de euros al año, es decir, el 0,24% del Producto Interior Bruto valenciano".

Esta "realidad insoportable" debe ser erradicada, según ha dicho la consellera porque "pagar por sexo es una forma más de violencia de género". En este sentido, los informes que se elaboren en este foro serán "los cimientos sobre los que articularemos una propuesta sólida y potente de reformas legislativas y políticas públicas que nos permitan, como dijo el president Ximo Puig, que la Comunitat Valenciana sea una tierra que ponga fin a la explotación sexual".

"Este es un objetivo ?ha continuado la consellera? compartido por los partidos del Botànic que apoyaron el pasado mes de octubre la proposición no de ley presentada por el Front Abolicionista y con el Gobierno central, que ya ha anunciado una reforma del Código Penal para castigar la tercería locativa, es decir, para perseguir a los dueños de los burdeles".

En todo caso, Gabriela Bravo ha vuelto a reclamar "una nueva ley integral contra la trata y la explotación sexual que ponga fin a una de las más escandalosas y sangrantes formas de reducción del ser humano a mercancía".

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