La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha instado al Poder Legislativo a promulgar una ley integral contra la trata y a reformar el Código Penal para abolir la prostitución.
Bravo ha realizado esta petición en el transcurso de la conferencia que ha impartido este martes en el Consejo de Graduados Sociales de España bajo el título 'Una sociedad sin violencia machista'.
La consellera ha definido la prostitución como "otra de las violencias que se ejerce contra las mujeres", si bien está "tácitamente aceptada por la sociedad" y ha recordado que prostitución, pobreza y discriminación por razón de género "son caras distintas del mismo poliedro".
Gabriela Bravo ha asegurado que, aunque no hay cifras oficiales, se calcula que alrededor de 100.000 mujeres ejercen la prostitución en España --el 80% de ellas, forzadas a hacerlo-- en más de 1.500 burdeles, pisos o en las calles para quince millones de clientes en un negocio que movió más de 3.700 millones de euros el año pasado.
"Esta cifra --ha dicho la consellera-- se entiende mejor si se compara con otra: en 2019, los españoles se gastaron en entradas de cine un total de 624 millones de euros. Seis veces menos, por lo que es evidente que tenemos un problema. Un problema enorme", ha lamentado.
Así, según Bravo, antes incluso de acometer la creación de esa nueva normativa, "se debe revertir la reforma del Código Penal de 2015" y, en especial, el artículo 187.1, que exige demostrar vulnerabilidad de la víctima y/o abusos en el ejercicio de la prostitución, "como si la realidad no fuera lo suficientemente clarificadora cuando nadie duda que la prostitución y la pobreza están íntimamente ligadas".
El resultado de aquella reforma, según quedó patente ya en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016, es que aquel año, el primero de vigencia de la nueva regulación, "no prosperó ni un solo procedimiento por dicha infracción y se instauró una suerte de proxenetismo consentido" que, en la práctica "es el mejor escudo protector de los traficantes de mujeres, porque la mayoría de ellas terminaba retractándose de la denuncia por miedo a las represalias", ha explicado.
NORMATIVA CONTRA LA TRATA
Mientras se acomete "esa necesaria reforma del Código Penal y se avanza en la normativa integral para luchar contra la trata, algunas comunidades autónomas, como la valenciana, hemos empezado a caminar", ha explicado Gabriela Bravo.De esta forma, ha añadido que el president de la Generalitat, Ximo Puig, ya avanzó el pasado 27 de enero que había encargado a la Abogacía autonómica un informe para ver hasta dónde se puede llegar, como restringir la actividad de los locales y pisos donde se ejerce la prostitución, a la vez que se potencian los programas de reinserción laboral de estas mujeres y se emprenden campañas de concienciación especialmente dirigidas a los jóvenes y a los potenciales consumidores de sexo pagado.
En este sentido, la consellera ha recordado que la Generalitat ha modificado toda la normativa autonómica para adaptarla a los preceptos que establece el Convenio de Estambul.
Gabriela Bravo también ha defendido la "necesidad" de una justicia especializada que conozca de forma exclusiva esta problemática "y esta especialización debe alcanzar también a la Fiscalía, abogacía, así como procuradores e, incluso, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha aseverado.
En este sentido, ha reivindicado un Turno de oficio especializado en Violencia de Género que tenga carácter exclusivo, "es decir, que el mismo letrado que asiste a una víctima, no pueda defender a un presunto maltratador", ha abogado.