La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha advertido de un atasco "importantísimo" en los juzgados valencianos que arrastran más de 20.000 vistas suspendidas desde que se decretase el estado de alarma como consecuencia de la Covid-19: "Desde hace un mes que pido al Gobierno un plan de transición" para hacer frente a esta situación, ha lamentado.
Bravo se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa por videoconferencia sobre el plan contra incendios, al ser preguntada por las medidas previstas desde su departamento para hacer frente al colapso judicial valenciano como consecuencia del coronavirus.
"He sido muy crítica con la decisión del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de mantener paralizados los plazos procesales y suspendidos la mayor parte de juicios durante más de dos meses", ha aseverado la consellera, quien ha recordado que también ha sido "muy crítica" con los servicios esenciales que se han mantenido en este tiempo: "No podía entender que el 15 de mayo la gente ya pudiera pasear, mientras que la tutela judicial efectiva seguía tan limitada para los ciudadanos", ha manifestado.
Al respecto, ha comentado que desde hace un mes, en diferentes reuniones con el ministro y con comunidades autónomas, viene solicitando un plan de transición y que se pudiera levantar la suspensión en algunas jurisdicciones en una fase transitoria previa al desescalamiento.
Se ha referido, por ejemplo, a la jurisdicción Social. "Pero no ha sido así", ha criticado. "Se han mantenido esos servicios mínimos acordados el 14 de marzo hasta el 4 de junio, previsiblemente, y esto ha dado lugar a un atasco que va a ser importantísimo, aquí con más de 20.000 juicios suspendidos", ha puntualizado.
A ello se suma una "carga de trabajo" como consecuencia de la emergencia sanitaria. Para hacer frente, Bravo ha insistido en que han planteado al Ministerio medidas organizativas con nuevas fórmulas, dirigidas a potenciar la mediación como alternativa a la resolución de conflictos o agilizar los plazos. "Y ahora estamos pendientes de la tramitación del decreto ley en el Congreso para la puesta en marcha de estas medidas", ha aseverado.
En cuanto al personal, la consellera ha explicado que está previsto que en la Fase 2 se incorporen entre el 60-70% de funcionarios a los juzgados. "Ahora no podemos pensar en incorporar a más personal a las sedes judiciales porque el espacio es el que es y, de hecho, nos vemos obligados a poner en marcha turnos de mañana y tarde", ha apuntado.
"No podemos en una semana doblar el número de sedes judiciales porque se requieren medidas organizativas y estamos trabajando con el Tribunal Superior de Justicia para la vuelta a la normalidad", ha agregado.
MÁS DE 4 MILLONES
Bravo ha querido resaltar que en estos dos meses y medio de confinamiento, el personal de infraestructuras y de dirección de modernización de justicia ha trabajado "intensamente" de lunes a domingo para acomodar, frente al Covid, los espacios de las 64 sedes judiciales repartidas por la Comunitat.En total, se llevan invertidos más de cuatro millones de euros en la adquisición de medios de protección --mascarillas, hidrogel, etc--; se ha trabajado en la puesta en marcha de pantallas y se continúa en este ámbito. Además, se están coordinando obras para la sustitución de aires acondicionados con problemas para la salida del aire.
"La dirección general de Justicia se está dejando la piel en la puesta en marcha de todos los recursos necesarios para poder afrontar la vuelta a la normalidad con todas las medidas de protección exigibles para que los juzgados sean un lugar seguro", ha manifestado Bravo.
Se ha intervenido en más de 50 sedes judiciales y ahora se está trabajando con planes de contingencia de cada sede judicial que deben incorporar todas las normas de seguridad y salud que exige el Ministerio y también integrar las recomendaciones del CGPJ.
Preguntada por si el presupuesto destinado a afrontar la Covid-19 en la Comunitat afectará a recortes en obras de Justicia, Bravo ha manifestado que no se puede dejar a la economía de lado: "Tenemos que intentar hacer compatible la inversión en emergencia y, al mismo tiempo, incentivar mediante todo tipo de acciones positivas el sector económico porque, de lo contrario, la Comunitat no podría salir adelante", ha afirmado.
"Por eso precisamente el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, pidió que se levantara la suspensión de plazos administrativos que afectaba a las licitaciones públicas, para ser motor de la actividad económica en este sector que se ha visto muy afectado, junto al sector turismo", ha dicho, para puntualizar que no tienen "ninguna" previsión de suspender ninguna licitación. "Al contrario, las hemos reactivado todas", ha subrayado.