La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha asegurado este jueves en Les Corts que los tres hospitales modulares construidos en las inmediaciones de La Fe, el General de Castelló y el General Universitario de Alicante "serán absolutamente determinantes para cumplir los criterios que permitan a la Comunitat Valenciana pasar de fase en la desescalada, con seguridad y de la manera más homogénea posible en todo su territorio".
Así lo ha explicado la consellera en la reunión de la Diputación Permanente de la cámara autonómica, donde ha acudido para explicar las actuaciones de su departamento ante la alarma sanitaria de la COVID-19, tanto en materia de emergencias y seguridad como en el ámbito de la Justicia y la Función Pública.
Bravo ha asegurado que las casi 800 camas (370 en València, 240 en Alicante y 188 en Castelló) de los tres hospitales "aunque tienen una capacidad de 1.100 camas que están compradas y preparadas" suponen que se ha incrementado en un 29 % las plazas hospitalarias libres de las que se disponían al inicio de la crisis y, en términos totales, se ha aumentado en un 9 % la capacidad de atención hospitalaria del sistema valenciano.
La consellera ha recordado que el 19 de marzo, cuatro días después de la declaración del estado de alarma, en la Comunitat Valenciana se registraban 195 casos de contagio en un solo día y un acumulado de 921 y 24 fallecidos.
Aunque había 259 personas ingresadas y, de las 8.952 camas hospitalarias de la red pública valenciana, estaban libres un total de 2.774, "hubiera sido irresponsable ignorar estas cifras" y, por eso, se decidió la construcción de nuevas instalaciones a partir de sistemas modulares, que fueran versátiles ante los posibles cambios de comportamiento de la pandemia y que estuvieran conectados a hospitales de referencia.
Para la consellera, la construcción de estos centros "nunca fue una cuestión de celeridad, sino de operatividad y de previsión para que nuestro sistema sanitario no colapsara" y que, además, "permanecerán montados todo el tiempo que sea necesario y en especial ante la posibilidad de nuevos rebrotes de la epidemia en el futuro inmediato".
Además, la consellera ha detallado también el resto de acciones llevadas a cabo por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la cual reforzó la sala del 1·1·2 durante el mes de marzo, en el que se registraron casi 100.000 llamadas en el teléfono de urgencias relacionadas con la COVID-19.
Bravo ha relatado que el 13 de marzo se activó el Plan Territorial de Emergencias, el cual "nos permitió movilizar a todo el personal de Protección Civil y Emergencias para estar preparados ante cualquier contingencia".
Posteriormente, la Agencia puso en marcha el plan de Apoyo y Coordinación Municipal, que ha servido para prestar ayuda a un total de 343 ayuntamientos, que recibieron la asistencia solicitada en un plazo medio de 24 horas.
De esta forma, se distribuyeron víveres y otros bienes de primera necesidad en 33 municipios y se repartieron menús completos y artículos de higiene personal a 761 personas mientras que los bomberos forestales llevaban a cabo 150 acciones de desinfección de viales o espacios municipales.
También se distribuyeron casi 250.000 mascarillas, 300.000 guantes y 12.000 litros de gel hidroalcohólico que se sumaron a las entregas que se llevaron a cabo entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales y a efectivos de Emergencias y Protección Civil.
En total, se repartieron entre estos profesionales más de 250.000 mascarillas, 120.000 guantes y 10.000 pantallas faciales "mucho antes, incluso, que llegaran las primeras remesas del Gobierno central", según la consellera.
Protección en los juzgados y tribunales
En el ámbito de la Administración de Justicia, la consellera ha explicado que el lunes 16 de marzo, el primer día laborable tras la declaración del estado de alarma, se empezaron a distribuir mascarillas, guantes y gel desinfectante en los juzgados "con lo que fuimos la primera comunidad autónoma en proteger al personal de la Administración de Justicia contra la incidencia del COVID-19".Sin embargo, tras casi dos meses de parálisis judicial debido a la suspensión de los plazos procesales decretados por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia "es tan necesario un plan de reactivación de la Justicia que aúne el compromiso y el esfuerzo colectivo", según ha dicho la consellera, porque ante la amenaza de una crisis económica "no podemos plantear una recuperación de la normalidad en la Administración de Justicia basada únicamente en el incremento de recursos personales", lo cual "nos obliga a levantar la mirada y dar una respuesta basada en la optimización y racionalización de los recursos existentes".
Por ello, la Conselleria de Justicia ha elaborado una hoja de ruta para la reactivación judicial que se sustenta en dos pilares.
Por un lado, junto al Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, se está ultimando el conjunto de normas e indicaciones de prevención de riesgos laborales y salud laboral.
Por otro, se ha diseñado un programa de actuaciones "de casi 3 millones de euros para garantizar que en la primera semana de junio, las 64 sedes judiciales estén preparadas con nuevas mamparas de protección en zonas de atención al público, elementos separadores, señalización y planes de control de entradas y salidas en los accesos para evitar concentraciones de gente", ha dicho la consellera.
Administración Pública
Gabriela Bravo ha detallado que para un colectivo "tan grande y que trabaja concentrado en pocos edificios" como el conforman los 17.000 funcionarios y funcioanrias, había que regular la nueva situación y por eso se dictaron tres resoluciones en las que se reducía la presencia de personal en su puesto de atención al público, se priorizaba la atención telefónica y telemática, se establecían las condiciones del teletrabajo y, por último, se restringía a un máximo del 10 % de la plantilla la modalidad del trabajo presencial.Además, se han repartido 20.000 mascarillas y 40.000 guantes entre los funcionarios que debían trabajar presencialmente y se han establecido protocolos de seguridad individual y colectiva así como acciones de limpieza y desinfección extraordinarias. Todas estas medidas, según la consellera, han dado un buen resultado porque "la incidencia de COVID-19 en la Función Pública ha sido mínima, sólo 120 casos entre 17.000 personas, es decir, el 0,68 %".
Además, la consellera ha explicado que ya se ha diseñado el plan para la incorporación gradual y ordenada de todo el personal "siguiendo las directrices de seguridad sanitaria y acordando las medidas con los sindicatos" porque "queremos que el puesto de trabajo sea un lugar seguro para todo el personal de la Función Pública valenciana".