Bonig quiere recuperar la ley que define, a gusto del PP, qué es que qué no es valenciano

Los populares sacaron en solitario una Ley que, se supone, defendía lo “valenciano” de un supuesto catalanismo, y catalogaba los elementos culturales que los valencianos debían identificar como tal

RTVE

Bonig quiere recuperar la ley que define, a gusto del PP, qué es que qué no es valenciano
25/04/2019 -

La lucha contra un supuesto “catalanismo” y conflicto lingüístico se intensifica en campaña por parte del PP y Ciudadanos, pero viene de largo. La candidata a la presidencia de la Generalitat por los populares, Isabel Bonig, ha prometido recuperar una de las primeras leyes que derogó el Botànic: “Volveremos a implantar y aprobar la ley de señas de identidad del pueblo valenciano, señas de identidad que establece nuestra Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía”, aunque algunos de los apartados de esta Ley iban en contra, incluso, del criterio del Constitucional.

Bonig se refiere a la Ley 6/2015 del 2 de abril de 2015, “de Reconocimiento, Protección y promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano”. Se trata de una norma que aprobó en solitario dentro de su campaña por defender lo que, a juicio de parte de la derecha valenciana, es valenciano. Una norma después derogada por el Botànic con el apoyo parcial de Ciudadanos, pese a que ahora la formación defiende las mismas líneas que el PP.

La norma definía, según el filtro popular, cuáles eran las señas que definían al “pueblo valenciano” e, incluso, contemplaba el fin de subvenciones a entidades que, se supone, “agravien o menosprecien” dichas señas. Era, en definitiva, una herramienta para luchar contra el supuesto “catalanismo” y fomentar la separación idiomática y cultural del resto de territorios catalanoparlantes. Algo contrario a la ciencia, la historia e incluso al criterio del Tribunal Constitucional.

“Empecinamiento en la ignorancia”

El Alto Tribunal señaló en una sentencia de 1997 que el valenciano y el catalán son la misma lengua. Años más tarde, en 2013, tras numerosos recursos de la Generalitat en la que ya estaba Bonig, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se pronunció: “Solo el empecinamiento en la ignorancia y rechazo de los criterios científicos que avalan la unidad lingüística, se manifiesta como exclusiva razón del mantenimiento de la posición contraria por parte de la Generalitat”.

Pese a ello, los populares sacaron adelante esta ley, que hablaba de la “individualidad de la lengua valenciana respecto a las demás, y su valor como patrimonio propio y exclusivo del pueblo valenciano”. La misma norma detallaba que “todas las instituciones públicas”, desde la Administración a los medios de comunicación y las escuelas, debían defender dicha individualidad en obediencia a “su configuración histórica, popular y tradicional”. Es decir, decía respetar unos criterios que, precisamente, contradicen al PP.

Esta norma también reconocía la “capacidad docente” de la Real Academia de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat, dos asociaciones contrarias al rigor histórico y científico que niegan la unidad lingüística y defienden las Normas de El Puig.

“Sello de valencianidad”

Una de las primeras leyes del Govern del Botànic surgido tras las elecciones de 2015 fue, precisamente, para eliminar esta “Ley de Señas”. El síndic del PSPV en Les Corts, Mata, recuerda que era “como dar un sello de valencianidad con todas las manías y complejos que arrastraba el PP“: “Nosotros no necesitamos una ley para saber que somos valencianos. Nunca fue útil para los valencianos y el Botànic decidió eliminarla”. Compromís, PSPV y Podem votaron a favor de la derogación, además de la mitad de los diputados de Ciudadanos. La otra mitad se abstuvo y el PP votó en contra.

Según la ley de derogación, la norma aprobada en solitario por los populares, ya entonces, era “innecesaria según tanto el Consell Jurídic Consultiu como el Consell Econòmic i Social”. De hecho, tal y como se detalla en la Ley de derogación, el “respeto a la diversidad cultural del pueblo valenciano está recogido y reconocido en el artículo 12 del Estatut d’Autonomia“. Por tanto la ley de Bonig es contraria al criterio del Constitucional, del TSJCV y del propio Estatut que utiliza Bonig como argumento.

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