Tras más de hora y media de debate, los candidatos han llegado al llamado ‘minuto de oro’, una apelación al voto, en especial al de los indecisos. La candidata del PP a la presidencia de la Generalitat, Isabel Bonig, se ha despedido apelando al miedo: “España y la Comunidad Valenciana se juegan mucho, pero usted se juega mucho más”, se ha despedido.
Durante estos últimos 60 segundos de cara a la audiencia, la candidata ha repetido la palabra “libertad” cuatro veces. En una de ellas, para apelar a una libertad lingüística que, otra de sus propuestas, mermaría.
Bonig ha asegurado en su despedida que “es el momento” de construir entre todos “un futuro de prosperidad y, sobre todo, de libertad”. Para la candidata parte de la reivindicación de esa libertad a conseguir es “a la hora de hablar castellano o valenciano” tras asegurar, incluso, que se distingue entre “valencianos buenos y malos” según hablen valenciano -los buenos, da a entender- o castellano.
Sin embargo, cuando el debate llevaba cerca de media hora, la candidata popular esgrimió una de las promesas que comparte con Ciudadanos y con la ultraderecha de Vox: eliminar el requisito lingüístico de las oposiciones: “Sobre todo queremos que el requisito lingüístico sea un mérito, no un requisito imprescindible de acceso”.
Un requisito que, pese a no ser imprescindible en todo el funcionariado como suele dar a entender la derecha valenciana -en salud, por ejemplo-, trata de garantizar un derecho recogido en el Estatut. Este requisito pretende, entre otras cosas, garantizar el derecho de los ciudadanos a poder ser atendidos en los dos idiomas oficiales, tanto castellano como valenciano, indistintamente.
Relegar el valenciano
La eliminación de este, por tanto, desatiende ese derecho recogido en un Estatut que, Bonig, defiende como algo a “respetar” si se quiere pactar con ella.En ocasiones anteriores, Bonig ha vinculado este requisito de conocimiento de la segunda lengua de la Comunitat con el Procés: “pedir el requisito del valenciano es seguir el juego al independentismo”, aseguró. Algo que, en cambio, está presente en todas las administraciones de comunidades bilingües, como Galicia, gobernada por el PP.
La propuesta de la política valenciana está en consonancia con la ley de Lenguas propuesta por su líder nacional, Pablo Casado. Con esta ley el candidato a Presidente del Gobierno pretende excluir las lenguas de España no castellanas de la educación, administración y servicios públicos. Una “libertad” que relegaría al valenciano a un uso familiar.