Los juzgados localizan a Bonig para citarla como testigo por la visita del Papa

S'assenyala com a possible responsable d'irregularitats en condonar un deute de l'organització de la visita

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La jueza encargada del caso que investiga irregularidades en diversos contratos de la visita del Papa, ha solicitado localizar los domicilios de los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal, entre los que está la actual dirigente del PPCV, Isabel Bonig. Así se detalla en la providencia a la que ha tenido acceso el diario Levante, que prepara la citación como testigos a antiguos cardos del Consell de Francisco Camps, Diputación y Ayuntamiento de Rita Barberà.

La fiscalía solicitó la comparecencia de Bonig, entonces Consellera de Infraestructuras, como posible responsable de presuntas irregularidades al condonar una deuda durante la visita del pontífice. Según señalaron la Generalitat, a través de la empresa pública Vaersa, podría haber condonado una deuda de 519.011,65 euros a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.

Vaersa gastó 850.000 euros en diversos trabajos. 447.423,85 se recogían en dos contratos, mientras que el medio millón restante fue asumido por la Generalitat. Es por esta acción que está llamada como testigo.

Vaersa era una empresa pública que dependía, directamente, de la Conselleria de Bonig. Aunque según se detallaban en sus funciones, estaba dedicada al tratamiento de residuos, desde la Generalitat se utilizó para realizar diversos encargos y trabajos para la fundación. Algo que no consta en ningún convenio.

Según la acusación, dicha Fundación, con mayoría de capital público, debía regirse por la Ley de Contratos de las Administraciones.

El director de la empresa pública Vaersa también ha sido citado, aunque en calidad de imputado. Bonig, diputada en las Corts Valencianes, no puede ser imputada. Sería necesario pasar por el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El director, Felipe Espinosa, ya ha sido condenado anteriormente por apropiación indebida y delito societario.

Igual que el expresidente Mariano Rajoy en el caso de la caja B del PP, como testigo Bonig está obligada a decir la verdad o incurriría en delito. Según un testigo de la empresa, la Generalitat la utilizaba para encargarle los trabajos que no quería realizar ninguna otra empresa. Además, sin límite de contrataciones o adquisición de material.

 

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