El Ayuntamiento de València ha destacado este martes, tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional (AN) que ratifica la infracción "muy grave" del consistorio en la realización de la conocida como encuesta fallera, que la empresa que la realizó "se comprometió por contrato a adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD)" y "a la destrucción" de estos, que se llevó a cabo.
Así lo han indicado fuentes municipales que también han apuntado que "la obligación ante la Unesco de proteger una fiesta" como las Fallas, declarada por esta entidad Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, "se consigue profundizando en el conocimiento sobre la propia fiesta desde vertientes tan diversas como la sociológica, la económica o la medioambiental".
La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha ratificado la infracción "muy grave" del Ayuntamiento de València al haber tratado datos especialmente protegidos, como el de la ideología y la religión, en una encuesta sobre las Fallas realizada entre el 18 de mayo y el 13 de junio de 2017. No contaba con el consentimiento expreso y por escrito de los participantes.
De esta forma, la AN se posiciona al lado de la resolución dictada en el mismo sentido por parte de la Agencia Española de Protección de Datos y desestima el recurso interpuesto por el consistorio contra la resolución de esta agencia, que consideraba que se había infringido lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 151/1999, de 1 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tras tener conocimiento de esta decisión judicial, fuentes municipales han expuesto que la AN "simplemente ha rechazado el recurso contencioso-administrativo planteado en su momento" y que "no existe, ni existió, sanción alguna para el Ayuntamiento de València". No obstante, han agregado que, "en todo caso, los servicios jurídicos estudiarán con detenimiento el pronunciamiento que ha hecho este tribunal".
Las mismas fuentes han indicado que "la encuesta a la que se refiere el tribunal es un estudio sociológico encargado a una experimentada empresa profesional, líder en su sector" y han manifestado que "es evidente la confianza en que se utilizaría la metodología oportuna" en la realización del sondeo.
A este respecto, han comentado que sería, "por tanto, redundante apercibirla de cuestiones básicas de su trabajo cotidiano, como lo es en este caso indicarle a una empresa de estudios de opinión que respete la LOPD, como deben hacer todas las empresas en todos sus trabajos".
Tras ello, desde el consistorio han resaltado que "la misma empresa se comprometió por contrato a adoptar todas las medidas de seguridad exigidas por la LOPD y RLOPD en el tratamiento de unos datos cuya naturaleza, tanto empresa como Ayuntamiento convinieron que eran de nivel alto". Asimismo, han destacado el compromiso para "la destrucción de los datos, tal y como efectivamente se produjo".
"El Ayuntamiento únicamente dispuso de los resultados finales del estudio realizado, que fueron expuestos a los medios de comunicación", han agregado las fuentes municipales, que han asegurado que "en ningún caso", el consistorio "dispuso de ningún tipo de información de carácter personal de las personas encuestadas".
"NO BASTAN LAS PERCEPCIONES"
Por otro lado, el consistorio ha señalado que como ayuntamiento tiene "la obligación ante la Unesco de proteger una fiesta que desde el mandato anterior ya está incluida en el catálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".
A continuación, ha afirmado que "esto se consigue profundizando en el conocimiento sobre la propia fiesta desde vertientes tan diversas como la sociológica, la económica o la medioambiental" y ha aseverado que "no bastan las percepciones sino que son necesarios los estudios profesionales que, entre otros aspectos, confirmen la transversalidad social de la fiesta demostrada en el estudio".