El anterior gobierno popular de Rita Barberà, que duró cinco legislaturas, negó durante años información acerca de cuántas viviendas del barrio marítimo de El Cabanyal había adquirido el Ayuntamiento. Se trataba de una operación que realizó durante sus años de mandato en previsión de destruir parte del histórico barrio para cumplir su sueño de "abrir València al mar".
Con la llegada del nuevo gobierno se supo: 500 viviendas de las que se llegó a derribar unas 100. Ahora, algunas de estas serán vendidas de nuevo y otras, 18 hasta ahora, serán transformadas en viviendas rehabilitadas en régimen de alquiler social.
El Ayuntamiento de València comunicó el pasado lunes el inicio de obras en dos edificios de la conocida como "zona cero" del Cabanyal, la más degradada por el abandono del PP para poder aplicar el plan de prolongación. Dos obras nuevas que se suman a las ya iniciadas en otros 16, todos procedentes de las antiguas compras del Ayuntamiento.
Según resaltó Isabel Lozano, la Concejala de Vivienda del Ayuntamiento de València, "todas las casas" eran parte "del antiguo plan del PP para derribarlas", sin excepción. Hasta 10 viviendas más, cuyo uso aún no está definido -pueden ser para venta-, están siendo también reformadas. "Se trata de devolver al Cabanyal-Canyamelar la dignidad y de reforzar el esfuerzo de sus vecinos y vecinas en mantener la identidad del barrio y sus tradiciones", señalaba lozano.
Mobbing inmobiliario
Fue el 24 de julio de 1998 cuando en el Pleno del Ayuntamiento de València se aprobó -con los únicos votos del PP, con mayoría absoluta-, el plan para destruir parte del barrio que marcaría sus próximas legislaturas. Desde poco después, aseguran desde Salvem el Cabanyal, comenzó la compra de viviendas del barrio por parte del Ayuntamiento. Así, el consistorio se hacía cada vez con más propiedades para ahorrarse el litigio de los vecinos que no quisieran marcharse o lucharan contra la expropiación. Sin embargo, desde las asociaciones de vecinos apuntaron a un plan mucho más amplio: la compra de estas viviendas y su posterior abandono, junto al resto del barrio. Esto propició actividades ilícitas y un ambiente complicado para los vecinos, que se veían forzados a mudarse; algo ahora llamado 'mobbing inmobiliario'.Pese a las diversas paralizaciones del plan por parte de la justicia y el Gobierno Central -en 2008 por el Tribunal Supremo y en 2010 por el Ministerio de Cultura, de Ángeles Acebes Sinde-, Barberà continuó con la compra de viviendas. Sin embargo, la lucha vecinal y el cambio político en el ayuntamiento, resultó en el entierro definitivo de este en 2015.
Desde el Ayuntamiento actual aseguran apostar "por la rehabilitación y regeneración del Cabanyal", por lo que deciden "reformar las propiedades municipales que el PP adquirió para derribar y arrasar con el barrio".