El Ayuntamiento de València contratará el suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión con exigencia de que el total de la energía suministrada sea verde, producida mediante fuentes renovables, e incluyendo la atención y reducción de la pobreza energética de forma que a ninguna familia se le pueda cortar el suministro sin un informe previo de los servicios sociales y después de que la empresa suministradora realice un estudio sobre cada caso concreto. Este contrato, que incluye alumbrado, escuelas municipales y edificios públicos, además de la Fundación Deportiva y la Universidad Popular, tendrá un importe máximo de adjudicación de 38’2 millones de euros para un periodo de dos años, según han informado en rueda de prensa el alcalde Joan Ribó y el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo. Además, la empresa no podrá cobrar al Ayuntamiento más del que cobra por el mismo servicio a otras administraciones.
“El primer requisito es que ha de ser un contrato con energía cien por cien verde, producida solamente por fuentes renovables. Quedan excluidas la producción por carbón, la producción por gas natural, la producción por fuel y, por supuesto, la producción por energía nuclear. Solamente con un origen en fuentes renovables que esté garantizado mediante el certificado que la Comisión de Mercados concede a las empresas correspondientes”, ha explicado Joan Ribó en la presentación de este acuerdo marco para la contratación del suministro de energía en baja y alta tensión cuya convocatoria ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local.
“El segundo parámetro fundamental en el cual queremos insistir es la atención a la pobreza energética. Sabéis que tanto en invierno como en verano había una serie de personas a los que se les cortaba la luz en València. Digo había porque en estos momentos tenemos un acuerdo con una empresa, Iberdrola, para que no se corte el suministro eléctrico. Es un acuerdo que ahora queremos pasar a la categoría de un contrato formalmente firmado”, ha añadido Ribó, que ha puntualizado que, con el objetivo de que a ninguna familia se le corte la luz por no poder pagar la factura, “antes de cortar el suministro la empresa que resulte administradora habrá de solicitar un informe a los servicios sociales municipales para determinar si en esa vivienda vive una familia en situación de vulnerabilidad”. En el caso de que no existan datos sobre la familia, “la empresa habrá de estudiar la situación de la familia por si viviese en situación de pobreza energética.”