El Gobierno ya ha fijado 2024 como el año en el que se podría implantar el mecanismo de pago en todas las autopistas y autovías del país. Desde el Ejecutivo entienden que ese plazo es necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura necesaria para implantar este sistema de pago en las carreteras de España.
Aunque desde el Gobierno aseguran que "son conscientes del rechazo inicial" de la medida, consideran que unas tarifas asumibles por la población a nivel global garantizarían la financiación necesaria para la buena conservación de las carreteras. De esta manera, el Ejecutivo prepara una campaña de concienciación para informar de la necesidad de ejecutar esta medida.
Desde la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones de euros que acumula la conservación de carreteras. No obstante, por el momento, no se han dado a conocer las tarifas.
Aun así, el Gobierno insiste en que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, consultando con los transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones para determinar la voluntad de todos de incorporar peajes en las carreteras bajo su titularidad.
Respecto a los camiones y resto de vehículos pesados autorizados para el transporte de mercancías por carretera, el texto aclara que se impulsarán desde la Administración las condiciones normativas necesarias para que el coste del peaje sea asumido por los cargadores, incentivando así la búsqueda de la sostenibilidad y eficiencia del transporte.
En este sentido, el Gobierno se escuda en varios elementos para justificar esta medida, siendo la minorización de las emisiones de gases de efecto invernadero, el impacto de la carretera sobre el medio ambiente y la eficiencia del transporte algunos de ellos.