La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha acordado el sobresimiento provisional del procedimiento en el que investigaba presuntas irregularidades en el contrato de publicidad concedido por el Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar, la consultora que trabajó para el PSPV y ha sido investigada en varias causas. Se trata del último caso cuya instrucción permanecía abierta por la presunta financiación irregular del PSPV y Compromís.
Así lo ha acordado la magistrada en un auto fechado este pasado jueves y contra el que cabe recurso en un plazo máximo de cinco días. Estas diligencias estaban abiertas por la posible comisión de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y se ha archivado provisionalmente a petición de los acusados, la Abogacía del Estado --que representaba a otros de los hasta ahora imputados-- y con la adhesión de Fiscalía y frente a la oposición de la acción popular, el PP y diputados del grupo 'popular' en Les Corts.
La jueza concluye que "no resulta debidamente justificada la perpetración de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos". En todo caso, la instructora ha acordado remitir las actuaciones llevadas a cabo en la investigación al Tribunal de Cuentas por si existiese responsabilidad contable.