El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado hoy el Plan Municipal de Inmigración e Interculturalidad 2019-2022, una herramienta de gestión que incluye un total de 68 medidas en 5 áreas de aplicación, y que se plantea como «un cambio de enfoque desde una gestión meramente asistencial a otra basada en el reconocimiento de los derechos de las personas», en palabras de la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Neus Fábregas Santana.
Este ha sido uno de los puntos tratados en la sesión plenaria del mes de octubre, una sesión que ha comenzado con un minuto de silencio de toda la Corporación en memoria y homenaje a la política valenciana Carmen Alborch, fallecida ayer miércoles. Alborch fue concejala del Ayuntamiento de València entre los años 2007 y 2011, en los que ocupó el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista y aspirante a la alcaldía.
Tras el recuerdo de la Corporación Local a Alborch, ha continuado la sesión en la que se ha votado el Plan Municipal de Inmigración e Interculturalidad, que ha obtenido el respaldo únicamente del Equipo de Gobierno, ya que los partidos de oposición se han manifestado contrarios a su aplicación por motivos diversos, que han expuesto durante el debate. Previamente, ha tomado la palabra el representante de SOS Racisme y vicepresidente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, Papa Balla, quien ha felicitado al Consitorio por este plan y por las acciones efectuadas desde el año 2015 que, ha afirmado, «han convertido al Ayuntamiento de València en la locomotora de las ciudades europeas en materia de políticas inclusivas».
La concejala de Ciudadanos Amparo Picó ha explicado su postura contraria al Plan porque, ha asegurado, «lleva a falsas expectativas al colectivo de personas inmigrantes», y por entender que el fenómenos de los denominados ‘manteros’ genera «competencia desleal con el pequeño comercio». Por su parte, el concejal del PP Cristóbal Grau, ha criticado que el Plan «carece de compromiso presupuestario» y ha calificado alguna de sus iniciativas, como la ‘tarjeta de vecindad’, de «tomadura de pelo».
La concejala Fàbregas Santana ha rechazado las críticas que, ha asegurado, son sólo una excusa formal para no votar a favor del Plan, y ha lamentado que los grupos de la oposición no fijen su postura exacta respecto a la migración y a la población extranjera, que supone más del 16% en nuestra ciudad. Según la concejala, «este Plan supone un cambio total del enfoque sobre la gestión del fenómeno migratorio: desde la postura del gobierno anterior, que era asistencial, a la actual que se basa en el reconocimiento de los derechos de las personas».
El Plan se estructura en torno a 5 áreas de actuación, y contempla un total de 68 medidas concretas. Tal como ha explicado la delegada, se ha elaborado con el apoyo técnico de la Universitat de València, y en colaboración con las principales entidades sociales y especializadas que trabajan este sector.
También durante la sesión plenaria se ha aprobado la modificación del Reglamento del Servicio de Ayuda a Domicilio, SAD, en este caso con el respaldo de los grupos del Gobierno y de Ciudadanos. El PP se ha abstenido por desacuerdos con algunas características técnicas de la modificación, como los plazos de asistencia o los criterios de baremación. La concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, ha explicado que la modificación va dirigida «a establecer variables de mejora en la calidad de la gestión», y ha garantizado la atención inmediata a las emergencias y prácticamente a toda la población (92%) susceptible de recibir las ayudas.
PLA EDIFICANT: SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA, MALILLA Y PATRAIX
Durante la sesión del Pleno de hoy también se ha aprobado solicitar a la Generalitat la delegación de competencias de la tercera fase del Pla Edificant, para impulsar actuaciones de mejora en el IES nº41 Patraix y el CEIP Santo Ángel de la Guarda, y la adhesión al Plan del nuevo CEIP Zona Malilla. Como es conocido, el Plan Edificant es una herramienta impulsada por la Generalitat para agilizar y facilitar la construcción, reforma y mejora de centros educativos que, en el caso de la ciudad de València, beneficia a nueve centros escolares. Ya en el Pleno del mes se septiembre se solicitaron las competencias para los primeros seis centros lo que suscitó, igual que hoy, las críticas de la oposición.Desde Ciudadanos, su portavoz, Fernando Giner, ha acusado al Gobierno de «falta de planificación», mientras que el concejal popular Cristóbal Grau ha asegurado que «la política educativa no es una prioridad para el alcalde», y que el Pla Edificant «es un engaño a los padres». El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha rechazado estas afirmaciones, y ha asegurado que una de las claves del Govern de la Nau es, precisamente, «la apuesta por la educación pública». Campillo ha recordado que «en València, en este campo partíamos de cero porque la escuela pública estaba abandonada, y este Gobierno está reponiendo su dignidad». Las tres propuestas han sido respaldadas por los grupos de Gobierno y por Ciudadanos, mientras que el PP se ha abstenido en las votaciones.
LAS ORDENANZAS FISCALES DE 2019
El Pleno también ha aprobado hoy las Ordenanzas Fiscales para el próximo año, 2019. La oposición se ha abstenido en todas las votaciones, salvo en la referente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, IBI, que ha votado en contra. Los portavoces de PP y Ciudadanos han criticado al Gobierno Municipal su «bajo nivel de ejecución presupuestaria, y han exigido una rebaja del IBI, del 3% y del 7%, respectivamente. Por su parte, el delegado de Hacienda, Ramón Vilar, ha subrayado que la propuesta de Ordenanzas no ha suscitado críticas ni enmiendas de ninguna asociación ni entidad profesional, empresarial o ciudadana, y ha recordado que València se sitúa por debajo de la media de España en impuestos por habitante.Finalmente, el Pleno ha aprobado por unanimidad el convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de València y el Arzobispado para la obtención del solar de la Almoina. Pese al acuerdo, no obstante, tanto PP como Ciudadanos han criticado al Gobierno Local por este acuerdo. El convenio permitirá que pase a propiedad municipal el suelo de la actual plaza de la Almoina, donde se encuentra el Centro Arqueológico, así como la plaza de la Iglesia de Campanar. Ayuntamiento y Arzobispado intercambiarán parcelas por un montante superior a los 9,2 miliones de euros.