Que la sanidad debe de ser pública, universal, equitativa y de calidad son afirmaciones difíciles de rebatir. Es por ello necesario no perder la memoria y recordar cómo, cuándo, quienes y por qué tuvieron tanto interés en que la sanidad Valenciana en un porcentaje importante pasara la gestión a manos privadas y por lo tanto depender de criterios de rentabilidad económica.
Me van a permitir, que haga una breve historia de cómo el PP poco a poco y tras 20 años de gobierno implantó en la Comunidad un modelo sanitario donde lo que primaba era el negocio sin tener en cuenta la rentabilidad social.
Corría el año 1999, cuando se inauguró el hospital de la Ribera ( Alzira) con un modelo de concesión administrativa gestionado por una UTE ( Unión Temporal de empresas), que recibía 204 euros por habitante al que daba cobertura. Además estaba la denominada compensación intercentros ( en función de pacientes atendidos en la concesión provenientes de centros públicos y viceversa ). Recordar que la administración se seguía haciendo cargo del gasto de farmacia extra hospitalaria, el trasporte sanitario, las prótesis y los tratamientos de oxigenoterapia y ventiloterapia domiciliaria.
Tras tres años de funcionamiento y al no encontrar los beneficios esperados, decidieron una rescisión del contrato pactada, una operación por la que hubo que pagar cerca de 70 millones de euros del bolsillo de todos los Valencianos. Llegados a ese punto, se vuelve a sacar nuevo concurso y para sorpresa de todos, se le vuelve a adjudicar a la misma UTE con la que se había previamente rescindido, eso sí por 379 euros de cápita, alrededor de un 70% más y se amplió la atención a especializada y primaria. Esta vez parecía que el negocio si podía funcionar y a partir de ahí se irán produciendo más adjudicaciones, con éste modelo y actualmente además de Alzira, están las de Torrevieja, Denia, Manises y Vinalopó, es decir alrededor del 20% de la población de la Comunidad está bajo éste modelo.
Este modelo comenzó sin ningún tipo de evaluación previa, ni de consenso, ni de diálogo. Fue un modelo impuesto, sustentado en la mayoría que ostentaba el PP sin escuchar a nadie. Durante años se pidieron datos y evaluaciones desde el punto de vista de la eficiencia social, económica y sanitaria y nunca se dieron ni por parte de las concesiones nii de la Consellería de sanidad. El gobierno Valenciano no controló el modelo, no entró en la planificación global de la Consellería, permitiendo que tuvieran servicios no en función de una planificación global, sino de sus propios intereses, provocando en ocasiones un fenómeno de atracción, ante prestaciones que no se implantaban en centros públicos cercanos y sí en las concesiones y eso producía mayores ingresos, ante la pasividad de la administración del PP.
Durante todos estos años no les ha importado que las concesiones tuvieran unos ratios bajos de personal ( alrededor de un 20% inferior a la pública) o que a igualdad de horario tuvieran menores retribuciones o qué el ratio de camas hospitalarias fuera igualmente inferior a la pública. Durante años se ha producido derivaciones de los pacientes más complejos y con mayores costes a centros públicos.Tras años de silencio tanto en los datos en general, como en evaluaciones, el gobierno actual en cumplimiento de sus compromisos anunció la recuperación al sistema sanitario público del modelo concesional, comenzando por La Ribera dado que el 1 de abril del 2018 finaliza el contrato y no se renovará.
Permítanme que haga una serie de preguntas, así si el modelo concesional se extendiera quien asumiría los servicios menos atractivos desde el punto de vista económico o quien atendería a los pacientes más complejos en los que la tarifa vigente no cubre los costes reales o no se preguntan por qué las concesiones no se ubican en zonas periféricas de la comunidad con poblaciones más pequeñas y dispersas. En fin pensamos que hay otra forma de hacer las cosas, desde el sistema sanitario público, defendiendo criterios de eficacia, eficiencia, equidad, solidaridad, universalidad y calidad, un sistema público tiene unos objetivos de eficiencia social y sanitaria, al coste más razonable posible, mientras que los centros privados tienen una estrategia de maximizar beneficios.
El PP convirtiéndose en defensor de las concesiones, intenta poner todas las trabas posibles. Sabíamos que no iba a ser sencillo, pues se lucha contra intereses poderosos, pero el compromiso del gobierno Valenciano es firme en defensa de la sanidad pública. A pesar de toda la intoxicación que se está intentando, la Consellería ha asegurado que se mantendrán los servicios existentes y que los trabajadores continuaran, habiendo comenzado a solicitar la información necesaria a la concesión y trazando una camino para los trabajadores en función que sean laborales, eventuales o estatutarios..
Sin duda estamos ante un debate de modelo e intereses. El PP defiende un modelo privatizador y mercantilista y el partido socialista defendemos un modelo público, un modelo que surgió de la ley general de sanidad ( Ernest LLuch) de 1986, que es un modelo de éxito, reconocido a nivel internacional, que sin duda hay que mejorarlo contando con los profesionales, los agentes sociales, las asociaciones profesionales, científicas y ciudadanas. Un modelo de todos, para todos y utilizado por todos.