El alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, en nombre del equipo de gobierno de Manises, ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía Provincial de Valencia por los hechos acontecidos el pasado 27 de diciembre de 2018 en la puerta de la Casa Consistorial de Manises, donde tuvo lugar el “escrache” a los miembros del gobierno del Ayuntamiento de Manises a la salida del pleno municipal de diciembre.
Las, aproximadamente, 100 personas que allí se reunieron, lo hicieron a partir de la convocatoria de concentración por parte del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de las Administraciones y los Servicios Públicos (STAS), con motivo de la publicación de las bases de procesos selectivos para la contratación de personal público, una necesidad de convocatoria que fue comunicada al Ayuntamiento de Manises por parte de la Delegación de Gobierno.
La realidad fue que tal concentración acabó derivando en un acto de acoso, hostigamiento e intimidación frente al equipo de gobierno, que culminaron incluso con un intento de agresión. Según palabras del alcalde, “este ‘escrache’, en el que la presencia de miembros de los partidos de la oposición como Partido Popular Manises o C’s Manises evidencia, la instrumentalización que se hizo de esa manifestación, utilizada con fines políticos injustificados en vez de, como constitucionalmente corresponde, con la finalidad de reivindicar aquello que, a priori, constituía el objeto de la convocatoria”.
La denuncia basa su justificación en un vídeo que circuló por la red social Facebook tras los hechos ocurridos. En dicho vídeo, se observa claramente como diversas personas increparon a dos concejalas del equipo de gobierno, Pilar Molina Alarcón y Pilar Bastante Benito, al salir del edificio, cuando intentaron caminar por la acera en vez de por el pasillo que se había creado.
La postura del equipo de gobierno se basa en el artículo 21 de la Carta Magna que consagra el derecho de reunión, pero con un importante matiz por parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: “ni la libertad de pensamiento ni el derecho de reunión y manifestación comprenden la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatorio, porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral”. Ello supone que cabe manifestarse y expresarse con el límite de no usar la violencia contra personas y bienes ajenas a la protesta.
Según la postura del alcalde de Manises, Jesús Borràs i Sanchis, y el equipo de gobierno: “desde nuestro máximo respeto al derecho de manifestación y reivindicación, queremos aclarar que el único objetivo de estas bases es garantizar el derecho al acceso universal e igualitario al empleo público”.