Compromís y el PSOE han llegado a un acuerdo por el que la coalición dará su "sí" a la investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. Este pacto deberá ser ratificado por los órganos internos de los valencianistas.
El acuerdo entre socialistas y valencianistas consta de cuatro páginas y contiene nueve puntos. En ellos, el gobierno se compromete en llevar a cabo la reforma del sistema de financiación autonómica a lo largo de la legislatura y a presentar una propuesta en los ocho primeros meses.
El gobierno se compromete a asumir "de forma paulatina" la aportación del 50 por ciento para la financiación del sistema de dependencia; a "solucionar la deuda" del Consorcio Valencia 2007 mediante una disposición adicional en los presupuestos; y a cumplir con la cláusula de inversiones territorializadas del Estatut d'Autonomia.
El portavoz de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví, ha destacado el "compromiso" de Sánchez y el PSOE con la Comunitat, manifestando que es "un día para la felicidad" y confiando en que el acuerdo permita "mejorar las condiciones de vida de los valencianos".
"Sin Compromís, la agenda valenciana habría estado ausente de esta investidura", ha recalcado, y ha puesto en valor que "es la primera vez que una formación valencianista llega a un acuerdo de gobierno".
En definitiva, "es un buen acuerdo que mejora las condiciones de vida de las personas que viven y trabajan en la Comunitat Valenciana", ha aseverado el diputado de Compromís.
FINANCIACIÓN, DEPENDENCIA E INVERSIONES
Los tres primeros puntos del acuerdo hacen referencia al cambio de modelo de financiación, que ambas formaciones consideran "especialmente lesivo" para la Comunitat Valenciana, y que "ha afectado negativamente a los servicios que reciben las valencianas y valencianos".Por ello, además de comprometerse a modificar el sistema, el acuerdo contempla que "mientras esta reforma no se produzca, en los presupuestos generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del estado".
En cuanto a la financiación del sistema de atención de la dependencia, el gobierno se compromete a asumir el 50% de la financiación, así como a activar los fondos de garantía asistencial y el fondo de cohesión sanitaria.
Por lo que respecta a las "inversiones justas", Gobierno, Generalitat y ayuntamientos pondrán en marcha una comisión en la que hacer propuestas sobre la inversión del estado en la Comunitat Valenciana. La comisión establecerá una "agenda valenciana de inversiones que tendrá en cuenta los criterios de impacto ambiental, sostenibilidad del territorio y emergencia climática".
El pacto marca como "prioritarias" infraestructuras como la red de cercanías, "especialmente en Castelló"; la conexión del aeropuerto de l'Altet con Alicante y Elche y el túnel pasante de València.
Por lo que respecta a la deuda del Consorcio Valencia 2007, el gobierno se compromete a que durante el mes siguiente a la investidura se dote de presupuesto a la parte que corresponde a la Administración General del Estado para pagar la anualidad de deuda que la entidad mantiene con un fondo de inversiones.
AGRICULTURA Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
En cuanto a la defensa de la agricultura valenciana, ambas formaciones acuerdan que el gobierno haga un seguimiento del conjunto de intereses y repercusiones que tendrá el acuerdo de Mercosur, así como a habilitar eventualmente compensaciones económicas "suficientes y ágiles que mitiguen las eventuales pérdidas ocasionadas en las campañas de cítricos y en el supuesto de que los mecanismos europeos resultarán insuficientes".El gobierno también se compromete a promover el reconocimiento de la singularidad agraria mediterránea (especialmente en las negociaciones para la nueva PAC y en las políticas de desarrollo rural estatales y europeas), teniendo en cuenta "su importancia en la fijación de la población al territorio, a la calidad de vida de las personas y a las posibilidades de lucha contra el cambio climático".
Asimismo, se compromete a establecer la financiación correspondiente para ayudas a la investigación sobre la Xylella y otras plagas, y lucha contra las mismas. Para ello, en los PGE, se establecerá una línea presupuestaria para compensar a la Comunitat Valenciana y aquellas otras comunidades autónomas que están siendo afectadas por esta plaga. Dicha financiación tendrá su primera concreción en el primer proyecto de presupuestos que presente el Gobierno.
Por lo que respecta a infraestructuras hídricas, el gobierno se compromete a finalizar las obras iniciadas en el colector oeste de l'Albufera, la reparación de la Balsa de San Diego, entre Villena y la Font de la Figuera; la "seguridad hídrica en las cuencas mediterráneas", por la que se "garantizará el suministro de agua con una adecuada garantía".
En el nuevo ciclo de planificación hidrológica, "se revisará el régimen tarifario atendiendo a los principios de sostenibilidad y transparencia y considerando, entre otros elementos, la capacidad de pago de los usuarios". También se incorporarán las fuentes de energía renovable a las infraestructuras asociadas a la gestión del agua como son las de desalación, depuración o reutilización.
AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VALÈNCIA Y GRATUIDAD DE AP-7
Por lo que respecta a la ampliación del puerto de València, el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana "trabajarán conjuntamente para garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto a todo aquello que supone la ampliación norte del puerto de València a fin de asegurar que cualquier actuación se produzca con todas las garantías necesarias".Asimismo, el acuerdo incluye, en palabras de Baldoví, un "impulso" a la AP-7 tras su liberalización desde este martes para que "de verdad vertebre el territorio valenciano".
Así, el gobierno se compromete a la remodelación de los enlaces existentes entre la AP7 y otras vías, así como la implantación nuevos enlaces en otras ubicaciones; la adaptación de la capacidad estructural de los firmes para soportar el volumen de tráfico pesado; la posible incorporación de carriles adicionales en el tronco de la autopista para mantener un nivel de servicio adecuado y la instalación de medidas de protección contra el ruido o cualquier otra medida de integración ambiental.
El acuerdo también incluye que el Gobierno se compromete a que el Reino de España ratifique la Carta Social Europea y el Protocolo adicional a la Carta Social Europea.