El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha asistido a la reunión de la mesa negociadora del Convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas, donde se ha acordado por todas las partes el Convenio colectivo del personal laboral universitario.
Por parte de las universidades y de los representantes sindicales, han estado representados la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universidad Miguel Hernández, CCOO-PV, FeSP-UGT, STEPV-Iv, CSIF y SEP-CV.
Según el conseller Marzà: “Este compromiso se ha hecho realidad gracias al diálogo entre las partes, favorecido por la mesa negociadora creada esta legislatura” y ha añadido: “Cabe recordar que éramos la única comunidad autónoma que no contaba con un ente de estas características y se ha demostrado que cuando se quiere, se puede”.
Convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas
El documento consensuado plantea mejoras de las condiciones laborales, que no solo son retributivas, y los colectivos a los que va dirigido este convenio son el personal docente e investigador, el personal técnico y de apoyo a la investigación y el personal de administración y servicios.“El convenio asegura una mejora cualitativa de todo el personal docente, porque equipara las retribuciones de cada figura en todas las universidades, es decir, se fijan unos mínimos salariales comunes a todas las universidades públicas valencianas a partir de los sueldos más altos, además de una subida del 3 % sobre ese sueldo más alto”, ha destacado el conseller Marzà.
De este modo, las figuras que hasta ahora reunían unas condiciones salariales más precarias, como eran el profesorado asociado, los ayudantes o los ayudantes doctores “consiguen unas mejoras sustanciales con respecto a su situación de partida”, ha explicado Marzà, y ha continuado: “El profesorado asociado sube el sueldo hasta una media del 35 %; el personal ayudante, hasta una media del 34 % y los ayudantes doctores, una media del 20 %”.
Otro aspecto importante del acuerdo es que a los contratados doctores, al profesorado colaborador, a los ayudantes doctores, a los ayudantes, al profesorado asociado y al profesorado sustituto se les reconocerá la antigüedad de los trienios.
El conseller Marzà ha destacado que “entre todas y todos hemos puesto orden a las características laborales del personal universitario y hemos regulado unas condiciones que favorecen diferentes colectivos, lo cual está estrechamente relacionado con la mejora de la calidad del trabajo y la docencia en nuestras universidades”.
Como novedad también se aplicarán las mejoras introducidas recientemente en las condiciones laborales que se han hecho para el personal de la Generalitat en relación con las víctimas de violencia de género, la conciliación familiar o la cooperación internacional y la movilidad.
Cabe recordar que el último convenio de estas características entró en vigor en el año 1998 y debía tener una vigencia de dos años: “Queda claro que después de más de dos décadas, había que hacer una revisión en profundidad de las condiciones laborales del personal universitario dada la dejadez de las anteriores administraciones”, ha señalado el conseller Marzà, y ha detallado que “cada universidad partía de una situación diferente y singular con plantillas con características diversas. Con la creación de la mesa hemos conseguido trabajar conjuntamente a tres bandas, nosotros, la Generalitat como mediadores y las universidades y los sindicatos como partes para unificar criterios y llegar al acuerdo unánime de todas las partes”.
La aplicación de este convenio se realizará con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2019 y estará vigente hasta 2023. La Generalitat abonará de manera gradual a las universidades fondos en diferentes ejercicios presupuestarios. Así, para 2019, adelantará 8 millones de euros.
Además, en el presupuesto de 2019 de Educación de la Generalitat están previstos 30 millones de euros de mejoras para el PAS y PDI, que se suman a los 18 millones de euros de 2018 y los 8 millones de 2017.