La Abogacía del Estado pide desestimar un recurso del Consell, contra la anulación del Decreto de Usos de Lenguas Oficiales, porque señala que la Comunitat Valenciana, con Catalunya y Illes Balears “no comparten ámbito lingüístico”. Una posición contraria a la Universitat de València, filólogos e incluso la ciencia, pero que considera justificada en el ámbito legislativo… Aunque incluso el Tribunal Constitucional ha reconocido dicha unidad. "Me ha sorprendido muchísimo. Se centra en el artículo que aborda la comunicación con otros territorios con lengua común, cuando hay una larga jurisprudencia que lo avala", señala Nathalie Torres, diputada de Compromís a las Corts.
El asunto gira alrededor del Decreto 61/2017, por el que "se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat". En concreto, el artículo 3: "El uso del valenciano al que se refiere este decreto hace referencia al ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de que se aplique en las relaciones con las comunidades autónomas del mismo ámbito lingüístico".
Dos meses después de aprobarse el decreto, en julio de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de la Abogacía del Estado, interpuso un recurso. Ya entonces, esta institución señaló que la indicación de dirigirse en valenciano a territorios o personas de otros territorios que comparten lengua con la Comunitat Valenciana, como Catalunya e Illes Balears, “puede resultar contrario a la Ley y la Constitución”. Un recurso que acabó en la suspensión de 13 de los artículos de la Ley aunque, dados los recursos, está vigente.
Desde el gobierno se apuntó que “evidentemente” para poder dirigirse en valenciano a otra Comunidad Autónoma estas “deberían tener la misma lengua cooficial”, algo “imposible” porque lo es “únicamente en la Comunidad Valenciana”.
Abogacía y el PP
El PP valenciano, históricamente, se ha posicionado en contra de los estudios y demostraciones científicas, que han comprobado el hecho de que el valenciano, catalán o balear son distintas formas de denominar a una lengua común; distintos dialectos de un mismo marco lingüístico. Posiciones que comparte con asociaciones como Lo Rat Penat -cuyo presidente fue en las listas de María José Català- o la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, vinculadas a la extrema derecha y posiciones reaccionarias sobre el valenciano.Ahora, la Abogacía ha emitido un informe, como ha recogido Diari La Veu, en el que pide desestimar el recurso, en sintonía con las posiciones conservadoras. Los argumentos esgrimidos por el Estado son en relación a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común; según esta, las administraciones de las comunidades “quedan obligadas a traducir al castellano” los documentos dirigidos fuera del territorio, con la “única excepción” de que esté dirigido a otra Administración con la misma lengua cooficial. La unidad lingüística es algo que, señalan desde Abogacía, carece “por completo de reconocimiento legislativo”, es decir, que no está señalado en el Estatut d’Autonomía como más allá de valenciano como lengua propia de la Comunitat.
Para Torres es un asunto que "choca", pues niega la validez de las sentencias del TSJCV e incluso del Constitucional. "Nunca ninguna instancia judicial ha cuestionado que España se relacione en castellano con los países de Sudamérica. Ello a pesar de que en la Constitución no se habla de español, si no castellano como lengua española oficia. Señala que hay otras lenguas españolas", ha aseverado.